Escribe Armando Miño Rivera, Periodista Independiente y Docente Universitario (Lima – Perú).
En los últimos años, Perú ha sido testigo de una serie de escándalos que han sacudido los cimientos de su sistema político y han dejado al descubierto la sombría realidad de la corrupción en las altas esferas del poder. Desde presidentes hasta funcionarios gubernamentales, nadie ha estado exento de las acusaciones y los señalamientos que han manchado la reputación del país y han erosionado la confianza del pueblo en sus líderes. Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la aceptación de dádivas y regalos por parte de los políticos, una práctica que no solo es ilegal, sino que también socava los principios fundamentales de transparencia, ética y rendición de cuentas en la función pública.
La aceptación de dádivas por parte de los líderes políticos es una afrenta directa a la confianza del pueblo peruano en sus representantes. Cuando aquellos que han sido elegidos para servir al país sucumben a la tentación de los regalos lujosos y los favores indebidos, traicionan la confianza depositada en ellos y socavan la legitimidad de todo el sistema democrático. La corrupción no solo distorsiona el proceso político y debilita las instituciones gubernamentales, sino que también perpetúa la desigualdad y obstaculiza el desarrollo económico y social del país.
El caso de los «CNM Audios» reveló una red de corrupción dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, implicando a jueces, políticos y empresarios en un entramado de favores y sobornos. El escándalo de «Los Cuellos Blancos del Puerto» expuso una red criminal que operaba en el Callao, involucrando a jueces, fiscales y políticos en actos ilícitos. Y el caso de «Lava Jato», aunque iniciado en Brasil, alcanzó a Perú y salpicó a varios políticos peruanos, incluido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Sin embargo, estos no son los únicos casos. El reciente escándalo de los relojes de Dina Boluarte ha generado nuevas interrogantes sobre la integridad de los líderes políticos en el país. La posesión de relojes de alta gama, incluido un lujoso Rolex, por parte de la presidenta ha desatado una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Este caso, como muchos otros, resalta la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir y castigar estos actos indebidos. Es fundamental que se tomen medidas enérgicas para combatir la corrupción y promover una cultura de integridad y ética en la función pública. Esto incluye una aplicación más estricta de las leyes existentes, así como la implementación de mecanismos de supervisión y control más rigurosos. Además, es necesario abordar las causas subyacentes de la corrupción, como la impunidad y la falta de transparencia en la gestión pública.
La sociedad peruana también desempeña un papel crucial en este proceso. Es imperativo que los ciudadanos exijan responsabilidad y transparencia a sus líderes electos, y que estén dispuestos a denunciar cualquier acto de corrupción que presencien. La participación activa y vigilante del público es esencial para garantizar que aquellos que abusan de su poder sean llevados ante la justicia y que se promueva una cultura de probidad en todos los niveles del gobierno.
Además de las medidas preventivas y punitivas, es necesario impulsar reformas institucionales que fortalezcan la independencia judicial, promuevan la transparencia en la gestión pública y combatan la impunidad. Asimismo, es crucial impulsar políticas que fomenten la participación ciudadana en la toma de decisiones y que promuevan una distribución más equitativa del poder y los recursos.
En última instancia, erradicar la corrupción en Perú requerirá un esfuerzo concertado y sostenido de todos los sectores de la sociedad. Solo mediante un compromiso colectivo con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas podremos construir un país donde la justicia y la igualdad sean más que meras aspiraciones. Es hora de que Perú se levante contra el flagelo de la corrupción y reafirme su compromiso con los valores democráticos y éticos que tanto merece su pueblo.
