Escribe Armando Miño Rivera, Periodista Independiente y Docente Universitario (Lima – Perú).
En medio de un escenario educativo -ya de por sí convulso-, la reciente aprobación en el Congreso peruano de la Ley N°31996 ha desatado una intensa polémica en el país. Esta ley, que permite el retorno a la Carrera Pública Magisterial de profesores que no aprobaron o no rindieron la evaluación correspondiente ha sido recibida con reacciones encontradas. Mientras algunos la ven como una oportunidad para corregir presuntas injusticias, otros la consideran un atentado contra la meritocracia en la educación peruana. En esta tribuna decimos que es simple: politiquería barata de congresistas que son docentes y que tampoco APROBARON SUS PRUEBAS CUANDO LAS APLICARON.
El rechazo e indignación expresados por un grupo de empresarios en una carta dirigida al Legislativo reflejan una preocupación compartida por muchos: el deterioro de la calidad educativa y la pérdida de valores como la excelencia y el mérito. Argumentan que permitir el ingreso de personas no calificadas a la docencia comprometería el futuro de los niños y jóvenes del país, condenándolos a recibir una educación paupérrima que les dejaría rezagados en un mundo cada vez más competitivo.
Desde esta perspectiva, la Ley N°31996 representa más que una simple decisión legislativa; es un síntoma preocupante de una tendencia que socava los cimientos mismos de la educación peruana. La meritocracia, principio fundamental en cualquier sistema educativo justo y equitativo, se ve amenazada cuando se permiten accesos privilegiados o excepciones que no se basan en el mérito y la capacidad demostrada. La educación es el pilar sobre el cual se construye el desarrollo de una nación. Es el instrumento que permite a las nuevas generaciones alcanzar su máximo potencial y contribuir al progreso de la sociedad. Por lo tanto, cualquier medida que comprometa la calidad y la equidad en la educación debe ser objeto de un escrutinio riguroso y una deliberación cuidadosa.
Es comprensible que existan preocupaciones legítimas sobre la situación de los profesores que fueron retirados de la Carrera Pública Magisterial debido a la falta de un título universitario o por no haber aprobado la evaluación correspondiente. Sin embargo, la solución no puede ser la dilución de los estándares de calidad y la renuncia a la meritocracia. Se está taladrando, bombardeando la meritocracia. Más bien, se deben buscar alternativas que garanticen una transición justa y equitativa para estos profesionales, sin comprometer la excelencia educativa.
El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, José Balcázar, ha defendido la decisión legislativa argumentando que no vulnera los derechos de los docentes ni afecta las normas vigentes del sector educativo. Increíble que un señor, dizque abogado, proponga este suicidio pedagógico, que mata a quienes si se esfuerzan por estudiar y prepararse para dar una educación de calidad. Sin embargo, las críticas persisten, especialmente en lo que respecta a la rigurosidad de la evaluación excepcional que se aplicará a estos profesores. ¿Será esta evaluación lo suficientemente rigurosa como para garantizar la calidad de la selección de los nuevos docentes?
La exministra de Educación, Magnet Márquez, ha sido una de las voces más críticas respecto a esta ley. Considera que beneficia a docentes sin título pedagógico y pone en riesgo la meritocracia en el magisterio peruano. Su preocupación se fundamenta en la idea de que la calidad educativa se ve comprometida cuando se permiten excepciones a los estándares establecidos, abriendo la puerta a la arbitrariedad y la falta de transparencia en los procesos de selección de los docentes. La implementación de la Ley N.° 31996 enfrentará sin duda numerosos desafíos logísticos y prácticos. ¿Cómo se garantizará la calidad de la evaluación excepcional? ¿Qué medidas se tomarán para asegurar que los nuevos docentes cuenten con las competencias pedagógicas necesarias para ejercer su labor de manera efectiva? Estas son preguntas que merecen respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades educativas.
Pero más allá de las preocupaciones técnicas y administrativas, está en juego el futuro mismo de la educación peruana. La aprobación de esta ley envía un mensaje preocupante sobre las prioridades y los valores que guían la política educativa en el país. Si queremos construir una sociedad más justa, equitativa y próspera, debemos apostar por una educación de calidad que premie el esfuerzo, el talento y el mérito.
Esperemos que pronto se pueda resolver esta ley y derogarse, pues le hace un tremendo daño al país.
