Escribe Armando Miño Rivera, Periodista Independiente y Docente Universitario (Lima – Perú)
Si la primera parte de esta reflexión nos permitió comprender que El Niño no es una sorpresa para la ciencia, esta segunda debería servirnos para examinar algo bastante menos misterioso: la persistente dificultad de nuestras autoridades para convertir las advertencias en resultados. Porque una cosa es no poder impedir que el océano se caliente y otra, muy diferente, es permitir que la improvisación, la burocracia y la falta de previsión terminen calentando la indignación de los ciudadanos.
En el Perú, la prevención frente a los desastres no es solamente un asunto de declaraciones políticas. Exige presupuesto, capacidad técnica, coordinación institucional y decisiones que deben adoptarse antes de que comiencen las lluvias. La Defensoría del Pueblo examinó precisamente esta cuestión en su Informe Defensorial n.º 240, publicado el 4 de abril de 2025, dedicado a la ejecución del gasto del Programa Presupuestal 0068, destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres.
Los resultados merecen atención. Según la Defensoría, al 10 de marzo de 2025, la ejecución promedio de ese programa alcanzaba el 3,4 % en los gobiernos regionales y el 10,1 % en los gobiernos locales. El presupuesto asignado para 2025 era de aproximadamente S/ 594 millones, frente a los S/ 1.075 millones de 2023, una reducción del 45 %. Son datos correspondientes a ese periodo y no deben presentarse como si describieran la ejecución presupuestaria de 2026. Pero constituyen evidencia documentada de las dificultades que existían para transformar los recursos destinados a la prevención en acciones concretas. Uno se pregunta qué sucede en las oficinas donde se elaboran los planes, se distribuyen las competencias y se firman los documentos. ¿Se considera la prevención una inversión estratégica o un gasto que puede postergarse hasta que exista una emergencia declarada? ¿Se evalúa a los funcionarios por reducir riesgos o, simplemente, por completar expedientes? ¿Cuánto vale una obra que nunca se ejecuta y cuánto termina costando su ausencia cuando el río decide recuperar su cauce?
La baja ejecución presupuestaria no demuestra por sí sola que cada gobierno regional haya actuado de manera negligente, ni permite concluir que todo recurso no ejecutado se haya perdido. Para establecer responsabilidades concretas hay que examinar cada entidad, sus competencias, sus procedimientos y las razones de sus resultados. Sin embargo, cuando la finalidad del programa es reducir la vulnerabilidad frente a desastres, los indicadores de ejecución merecen una explicación pública que vaya más allá de las habituales referencias a dificultades administrativas. Porque si cada presupuesto termina convertido en una carrera de obstáculos, quizá ha llegado la hora de revisar quién coloca los obstáculos y quién tiene la obligación de retirarlos.
Al parecer, existe una curiosa especialidad burocrática: identificar el peligro con anticipación, convocar reuniones para analizarlo y descubrir, cuando el agua ya cubre las calles, que faltaban presupuesto, maquinaria, coordinación o permisos. La burocracia consigue así un prodigio: transformar una advertencia temprana en una emergencia tardía. Y después nos explica, con impecable solemnidad, que los fenómenos naturales son imprevisibles. La naturaleza podrá ser imprevisible en sus detalles; que un expediente pase meses viajando de escritorio en escritorio es un fenómeno bastante más humano.
El problema tampoco termina en la prevención inmediata. La reconstrucción posterior a los desastres requiere planificación, contratación transparente, supervisión técnica y mantenimiento. Las obras deben evaluarse por su calidad, su utilidad y su capacidad para reducir riesgos, no por la ceremonia que acompaña su inauguración. Cuando un proyecto se retrasa, modifica reiteradamente su presupuesto o no cumple el objetivo para el que fue diseñado, corresponde revisar los expedientes y determinar las causas. La crítica debe apoyarse en auditorías y resultados documentados, no en acusaciones generales que confundan una deficiencia de gestión con un delito que todavía no ha sido acreditado.
Mientras tanto, los gobiernos regionales y municipales suelen enfrentarse a una tentación conocida: privilegiar aquello que ofrece visibilidad inmediata. Una inauguración permite una fotografía, una placa y un discurso; limpiar preventivamente una quebrada quizá no produzca una imagen tan memorable. Construir una obra de drenaje antes de la temporada de lluvias puede evitar una catástrofe, pero resulta menos espectacular que visitar una zona inundada con botas nuevas y declarar que se está trabajando intensamente. La prevención, por desgracia, tiene un defecto de marketing: cuando funciona, muchas veces no ocurre nada digno de una conferencia de prensa.
Por supuesto, hay funcionarios, técnicos y trabajadores públicos que cumplen sus obligaciones con seriedad. También existen proyectos útiles y esfuerzos que merecen reconocimiento. La crítica no exige negar esos avances, sino impedir que se utilicen como excusa para ocultar las deficiencias. Un país no puede medir su preparación por la cantidad de comunicados que publica, sino por las vidas que protege, las obras que termina y los riesgos que logra reducir.
Las empresas tampoco están fuera de esta discusión. La responsabilidad empresarial no puede limitarse a colocar un logotipo en una campaña solidaria después de la emergencia. Las actividades extractivas, agrícolas, industriales, inmobiliarias y de construcción deben cumplir las normas ambientales, gestionar adecuadamente sus residuos, respetar los cauces y evaluar los riesgos asociados a sus operaciones. No todas las empresas tienen la misma responsabilidad ni todas generan los mismos impactos; precisamente por eso se necesitan fiscalización técnica, reglas claras y sanciones proporcionales cuando se incumplen las obligaciones. La solidaridad empresarial merece reconocimiento, pero la prevención debe empezar mucho antes de que llegue el momento de repartir donaciones y tomarse la fotografía correspondiente.
La ciudadanía, por su parte, debe abandonar la cómoda costumbre de considerar que el espacio público es responsabilidad exclusiva de alguien más. La basura arrojada a una quebrada, la ocupación irresponsable de zonas peligrosas y el desprecio por las alertas contribuyen a aumentar la vulnerabilidad. Pero exigir responsabilidad individual no significa equiparar al vecino que arroja desperdicios con una autoridad que omite sus funciones o una empresa que incumple sus obligaciones. Las responsabilidades deben medirse de acuerdo con la capacidad de decisión, los deberes legales y las consecuencias de cada conducta.
Los especialistas en gestión del riesgo insisten en la importancia de combinar información meteorológica, sistemas de alerta temprana, planificación territorial, infraestructura adecuada y preparación comunitaria. Ninguna de estas medidas puede garantizar que no habrá daños, pero todas pueden contribuir a reducir la exposición y mejorar la respuesta. La adaptación al cambio climático exige, además, que las inversiones consideren los escenarios futuros y no solamente las condiciones que existieron décadas atrás. No se trata de pedirle al Estado que adivine el futuro, sino de exigirle que aproveche la información disponible para no repetir errores conocidos.
Al final, El Niño no distingue entre promesas electorales ni espera a que termine una disputa partidaria. Tampoco revisa qué autoridad tiene mejor estrategia comunicacional. Por eso, la prevención debe dejar de ser un eslogan y convertirse en una obligación verificable. Cada gobierno regional tendría que explicar qué riesgos identificó, qué presupuesto recibió, cuánto ejecutó, qué obras terminó y qué resultados obtuvo. El Gobierno nacional debe coordinar, financiar cuando corresponda, supervisar y corregir las fallas. Las empresas deben cumplir sus obligaciones, y los ciudadanos, colaborar con las medidas de protección colectiva.
No necesitamos autoridades que prometan derrotar a la naturaleza. Necesitamos instituciones que hagan bien aquello que sí está en sus manos. Si después de cada desastre repetimos las mismas preguntas, contratamos las mismas explicaciones y postergamos las mismas obras, entonces el problema ya no será solamente El Niño.
Será nuestra obstinada costumbre de llamar desgracia a lo que, en demasiadas ocasiones, también puede ser consecuencia de decisiones humanas evitables. Y quizá entonces debamos admitir que el fenómeno más persistente no está en el Pacífico, sino en nuestra capacidad para olvidar las lecciones justo cuando dejamos de escuchar la lluvia.
