Escribe Armando Miño Rivera, Periodista Independiente y Docente Universitario (Lima – Perú).
Hay fenómenos naturales que nos recuerdan nuestra pequeñez frente al planeta. Y hay otros que, además, nos permiten comprobar la enorme capacidad humana para convertir un problema previsible en una tragedia anunciada. El fenómeno de El Niño pertenece, lamentablemente, a ambas categorías. El océano cambia de temperatura, la atmósfera modifica sus patrones, las lluvias alteran su comportamiento y el mundo científico emite advertencias. Mientras tanto, en determinados despachos gubernamentales, alguien parece convencido de que la mejor estrategia de prevención consiste en esperar a que aparezca la primera fotografía de una calle inundada. Al fin y al cabo, pocas cosas movilizan tanto como una emergencia con buena cobertura televisiva.
El Niño no es una novedad ni una conspiración meteorológica organizada para incomodar a los gobiernos de turno. Es un fenómeno climático asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y a modificaciones en la circulación atmosférica. Sus consecuencias varían según la intensidad, la duración y las condiciones regionales. En algunos territorios favorece lluvias extraordinarias; en otros, sequías, alteraciones de las temperaturas y dificultades para la agricultura. También puede modificar los ecosistemas marinos, afectar la pesca y agravar problemas sanitarios. En otras palabras, la naturaleza tiene un sistema bastante complejo de funcionamiento, aunque nosotros sigamos empeñados en tratarla como si aceptara solicitudes de atención por mesa de partes.
Conviene precisar algo: no toda lluvia intensa es consecuencia directa de El Niño, ni todos sus episodios producen idénticos efectos. La ciencia trabaja con probabilidades, modelos y observaciones, no con profecías infalibles. Sin embargo, una predicción no necesita acertar cada detalle para resultar útil. Basta con que permita reconocer riesgos, preparar servicios públicos y evitar que una población vulnerable quede expuesta a peligros que pudieron reducirse. Los pronósticos no son bolas de cristal, pero tampoco necesitan serlo para resultar más útiles que cruzar los dedos y esperar que el cielo tenga consideración.
La advertencia internacional más reciente ofrece una razón adicional para tomarse el asunto en serio. El 3 de septiembre de 2026, la Organización Meteorológica Mundial comunicó que El Niño se había consolidado y que sus pronósticos indicaban una probabilidad cercana al 100 % de que persistiera hasta febrero de 2027. La organización anticipó un posible fortalecimiento del episodio y alertó sobre los riesgos de alteraciones en las precipitaciones y las temperaturas, con posibilidades de inundaciones, sequías y calor extremo. Esto no significa que todos los países vayan a experimentar los mismos efectos ni que pueda pronosticarse con exactitud cada desastre local. Significa que existe información suficiente para preparar respuestas. La diferencia entre una advertencia científica y una garantía absoluta es evidente; lo menos evidente, al parecer, es que una advertencia debería servir para hacer algo.
Pensemos en el Perú. Allí, El Niño tiene una historia suficientemente extensa como para que ninguna autoridad pueda alegar sorpresa absoluta. Los episodios de 1982-1983, 1997-1998, 2017 y las intensas lluvias de 2023 dejaron huellas en la infraestructura, la agricultura, la economía familiar y la vida cotidiana. El Ministerio del Ambiente recoge estimaciones de pérdidas económicas de US$ 3.283 millones para el episodio de 1982-1983 y de US$ 3.500 millones para el de 1997-1998. Esas cantidades equivalieron, respectivamente, al 11,6 % del producto bruto interno de 1983 y al 6,2 % del de 1998. Son cifras históricas, expresadas en dólares de sus respectivos periodos, pero bastan para comprender que no hablamos de una simple temporada de paraguas rotos, sino de fenómenos capaces de afectar seriamente la economía de un país.
La dimensión humana resulta todavía más difícil de ignorar. Una reseña de la Agencia Andina sobre aquellos episodios históricos recoge que el fenómeno de 1982-1983 dejó aproximadamente 1.267.730 personas afectadas y 587.120 personas sin vivienda. Detrás de cada cifra hubo familias que perdieron sus hogares, agricultores que vieron desaparecer sus cosechas y comunidades que quedaron aisladas. No eran números destinados a adornar un informe técnico: eran personas obligadas a reconstruir su vida en condiciones que muchas veces ya eran precarias. Para ellas, la reconstrucción no consistía en actualizar una hoja de cálculo, sino en descubrir cómo volver a tener techo, alimentos y un lugar seguro donde dormir.
Cada emergencia produjo discursos solemnes, anuncios de reconstrucción y promesas de una nueva cultura preventiva. Después, como suele ocurrir, la urgencia fue perdiendo espacio frente a otras prioridades, hasta que el siguiente temporal volvió a colocar el barro en las primeras páginas. Nuestra memoria institucional parece tener una característica singular: recuerda perfectamente la emergencia mientras dura, pero empieza a sufrir ciertos olvidos cuando llega el momento de prevenir la siguiente.
La pregunta no es únicamente cuánto llovió, sino por qué el agua encuentra tantas veces las mismas calles desprotegidas, las mismas viviendas expuestas y las mismas autoridades improvisando respuestas. ¿Por qué seguimos permitiendo construcciones en zonas de alto riesgo? ¿Por qué determinados cauces se convierten en depósitos de residuos? ¿Por qué las obras de drenaje, las defensas ribereñas y la limpieza de quebradas parecen adquirir valor político solamente cuando las cámaras de televisión apuntan hacia ellas? Quizá porque una obra preventiva terminada a tiempo no suele ofrecer la misma oportunidad de aparecer en una fotografía con botas de jebe.
La respuesta no puede reducirse a una supuesta maldición geográfica. El territorio peruano presenta una diversidad climática compleja y una exposición considerable a amenazas naturales, pero la vulnerabilidad también se construye socialmente. Un río puede desbordarse por condiciones extraordinarias; que arrase una vivienda situada en una zona identificada como peligrosa revela, además, decisiones urbanas, omisiones administrativas y desigualdades que merecen ser examinadas.
Tampoco sería justo responsabilizar exclusivamente a las familias que ocupan esos espacios. Muchas personas construyen donde pueden, no donde quisieran. La ausencia de vivienda accesible, el crecimiento urbano desordenado y la insuficiente fiscalización empujan a miles de ciudadanos hacia terrenos inseguros. Después aparece la autoridad, con chaleco, casco y expresión de preocupación, para descubrir que existen familias viviendo donde no deberían. Una revelación extraordinaria, especialmente si lleva años registrada en mapas, expedientes y planes municipales. Hay descubrimientos que merecerían un premio a la investigación, si no fuera porque estaban documentados desde mucho antes.
La naturaleza tiene sus ciclos; la pobreza, en cambio, tiene responsables y causas que pueden investigarse. Una inundación afecta a todos, pero no todos pierden lo mismo. Quien dispone de ahorros, seguros, una vivienda sólida y un vehículo puede enfrentar la emergencia de una manera muy distinta de quien pierde su casa, sus herramientas de trabajo y los alimentos de la semana. Para unos, el desastre representa una reparación costosa; para otros, significa comenzar de nuevo desde cero, si es que queda algo desde donde comenzar.
Por eso, hablar de El Niño exige mirar más allá de las temperaturas del océano. También debemos hablar de planificación urbana, infraestructura, educación ambiental, sistemas de alerta, ordenamiento territorial y capacidad estatal. La prevención no consiste en repartir sacos de arena cuando el agua ya está entrando por la puerta. Consiste en intervenir antes, invertir donde corresponde, fiscalizar sin excepciones y comunicar los riesgos con claridad. El saco de arena puede ser útil, desde luego; lo que resulta menos razonable es convertirlo en la estrella de una política pública.
Y hay una responsabilidad ciudadana que tampoco debemos esquivar. Arrojar basura a los cauces, ocupar espacios de drenaje, ignorar las alertas o exigir soluciones mientras se destruyen las pocas defensas existentes forma parte de una contradicción que conviene reconocer. Pero la conducta individual no puede convertirse en una coartada para absolver a quienes tienen presupuesto, competencia legal y obligación de proteger a la población.
El Niño no necesita nuestra autorización para llegar. Nosotros, en cambio, sí necesitamos decidir qué clase de sociedad queremos encontrar cuando llegue la próxima emergencia. Podemos seguir tratándolo como una sorpresa periódica o asumir que la ciencia nos ofrece tiempo para prepararnos. El océano seguirá moviéndose. La pregunta es si nosotros seguiremos inmóviles, esperando que el siguiente pronóstico venga acompañado de mejores noticias y, de ser posible, de menos agua en la sala.
