Recordemos que la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los principales hallazgos detectados durante la revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024, entre ellos figuran el Gobierno Regional y el Servicio de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins.
En su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los principales hallazgos detectados durante la revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas entre los años 2020 y 2024. Y entre sus principales hallazgos, arrojó que hay más de US$17 mil millones de desorden financiero en ministerios y municipios en los últimos cinco años.
Cabe consignar que en mayo, el organismo que lidera Dorothy Pérez advirtió que 25 mil funcionarios públicos salieron del país con licencia médica.
La cifra mencionada, según consigna El Mercurio, equivale a un sexto de todo el presupuesto de 2026, y se obtuvo de la revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas (50 del Gobierno Central y 23 del sector municipal) efectuados por la Contraloría entre 2020 y 2024. Del total de esas entidades, ninguna pasó la prueba de fiscalización.
El reporte revela que en el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión”, lo que significa que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.
La explicación de Contraloría
Este resultado, explica CGR, se debe a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables, principalmente por debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas. También se detectaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos.
En el detalle, precisa que en todos los casos se aplicó la abstención debido a situaciones como falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables, controles internos débiles o inexistentes, registros contables o inconsistencias que “no fueron aclaradas, y debilidad en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informáticos contables y/o de operación”.
