El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ingresó a tramitación el proyecto de ley que extiende la vigencia del Bolsillo Familiar Electrónico (BFE), reajusta los montos del Subsidio Único Familiar (SUF) e inyecta recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Ello, indicó, “con el fin de cumplir los compromisos acordados con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el marco de la negociación anual” y fortalecer a la vez “las medidas sociales que ha impulsado esta administración”.

En dicho acuerdo -materializado a través del proyecto- se incorporó un reajuste de 4,5% en los valores del SUF y la asignación familiar; un ajuste a los tramos de manera de ampliar la base de beneficiarios; y una adecuación del funcionamiento de los mismos, con el objetivo de que los beneficiarios de SUF que transiten a un empleo formal mantengan el mismo monto de asignación familiar que recibían en el SUF previo a su formalización.

“Asimismo, se consideró la reactivación del BFE por tres meses más, específicamente por julio, agosto y septiembre; más la inyección de recursos al FEPP, para que el precio del kerosene doméstico se mantenga en torno a los $1.050 por litro”, comentó Hacienda en un comunicado.

En concreto, este proyecto “duplica de forma extraordinaria el Aporte Familiar Permanente e incrementa la Asignación Familiar y Maternal y el SUF, para el 40% más vulnerable de la población”, se remarcó, quedando en los siguientes nuevos montos según tramo de ingreso:

-De $21.243 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $586.227.
-De $13.036 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $586.227 y no exceda de $856.247.
-De $4.119 por carga, para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $856.247 y no exceda de $1.335.450.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “continuar con el Bolsillo Familiar Electrónico nos permite mantener esta herramienta que durante su implementación en 2023 obtuvo destacados resultados en su funcionamiento, con un uso cercano al 96% de los beneficiarios lo que además fue bien evaluado por el Banco Mundial”.

Respecto del FEEP, se propone una inyección de recursos por USD$25 millones, hasta diciembre de 2024, lo que al tratarse de un activo financiero, no afectan el patrimonio neto del Estado, por ende, “no irrogan gasto fiscal”, indicó Hacienda.

En tanto, las otras medidas sociales suponen un costo fiscal de $131.723 millones el primer año y de $43.225 millones en régimen, tanto para el aumento del SUF como para el de la asignación familiar.