Los diputados de la UDI Natalia Romero y Mario Olavarría impulsarán la creación de una comisión investigadora por el ingreso irregular de más de 200 niños haitianos a Chile.
La situación fue dada a conocer ayer lunes por la Fiscalía, que abrió una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a territorio nacional durante 2025 bajo la causal de reunificación familiar.
El caso se produjo tras la publicación de Radio Biobío respecto a un informe de la Contraloría, que identificó que cientos de menores de edad ingresaron al país en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) junto a adultos cuyo vínculo no fue verificado por las autoridades competentes ni en el trayecto ni al momento del arribo.
A ello se suma que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) no verificó los antecedentes básicos entregados por los solicitantes, como sus domicilios o la identidad de los tutores responsables de los menores de edad.
Bajo ese contexto es que los parlamentarios afirmaron que se trata de una situación “nunca antes vista en Chile” y que “esto puede ser la punta del iceberg de una eventual red de trata de menores que necesitamos esclarecer con urgencia”.
La diputada Romero advirtió que “el informe de Contraloría da cuenta de antecedentes extremadamente graves que podrían configurar eventuales delitos vinculados a la trata de menores”, por lo que pidió aclarar dónde están actualmente los niños involucrados, “quiénes son las personas responsables de ellos y cómo fue posible que ingresaran al país en medio de tantas falencias de control”.
Asimismo, Olavarría aseveró que “los antecedentes son suficientemente graves para que el Congreso ejerza plenamente su facultad fiscalizadora. Necesitamos conocer el rol que cumplieron el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, la DGAC, la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y todos los organismos que participaron en este proceso”.
“El Estado tiene la obligación de determinar responsabilidades administrativas, políticas y penales, además de garantizar la protección efectiva de cada niño y adolescente involucrado”, plantearon los gremialistas.
