Escribe Rafael Rodríguez, Jefe de Desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo.
Se le atribuye a Albert Einstein la frase “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. A mediados de los 90 se realizó en el país un estudio sobre la capacidad de los chilenos para comprender adecuadamente lo que se lee y el resultado, terrible y vergonzoso, indicó que más del 70% de quienes participaron del estudio no podía entender adecuadamente lo que leía. Este resultado implicó columnas de opinión de políticos buscando responsables, además de compromisos y propuestas por parte de las autoridades de turno para mejorar la educación.
¿El resultado? a principios de la segunda década de este milenio se volvió a realizar un estudio que analizó las mismas variables y el resultado fue el mismo; 70% de insuficiencia en la población general. Si antes se pusieron colorados de vergüenza, ahora, después de 20 años, tendrían que ponerse morados. Dejando de lado la ironía, este problema es serio de verdad. Hay escuelas en las que es posible diagnosticar hasta un 80% de analfabetismo funcional y en un escenario como este, donde se hace difícil que un niño/a logre entender lo que lee, nos estamos perdiendo de potenciar a los futuros motores de nuestra sociedad. En cifras concretas, el no desarrollo de la comprensión lectora estaría asociado a un 10% de mayor riesgo de deserción escolar y también se generarían pérdidas de hasta US$5 mil millones, lo que es aproximadamente un tercio de lo que cuesta el funcionamiento del Ministerio de Educación en un año.
¿Qué hacer distinto para no boicotear el desarrollo de todos los estudiantes del país? La propuesta de las fundaciones San Carlos de Maipo, Colunga, Mustakis, LarrainVial y Viento Sur es pagar por el desarrollo objetivo (y medible) de las habilidades para la lecto-escritura. ¿Cómo? Ofreciendo a inversionistas privados la posibilidad de invertir en un programa con evidencia en el logro del desarrollo de esta habilidad (programa Primero Lee), pero condicionando el retorno del capital (y de las ganancias) al cumplimiento de los resultados comprometidos. Es decir, pagar a contra de resultados. El modelo en el que sustenta esta metodología se llama Contrato de Impacto Social, el que se ha implementado en más de 20 países con una inversión cercana a los USD$400 millones.
Esta estrategia cambia la manera en que generalmente se financian las intervenciones sociales, pasando desde el tradicional pago por un servicio o proceso (p. ej: asistencia a clases) al pago por un resultado concreto que sea de interés público.
Los Contratos de Impacto de Social son complejos de diseñar, pero bien hechos son un método que ayuda a enfocarse en el logro de resultados concretos y no sólo en los procesos y en donde la inversión privada puede ayudar a fomentar el desarrollo de un impacto social positivo en las personas que más lo necesitan.
