En el marco de la consulta ciudadana sobre la Política de Compra Pública de Innovación 2027-2028, el gremio plantea facilitar el paso desde los pilotos hacia contratos, reducir barreras de entrada y generar condiciones para escalar soluciones que demuestren resultados.
Más de US$20 mil millones se transan anualmente a través de Mercado Público mediante cerca de dos millones de órdenes de compra, según cifras de ChileCompra. En este contexto, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) planteó que la nueva Política de Compra Pública de Innovación (CPI) puede abrir una oportunidad para que startups y empresas tecnológicas de menor tamaño accedan al Estado como cliente y desarrollen soluciones para problemas concretos del sector público.
La discusión se da en medio de la consulta ciudadana sobre la Política de Compra Pública de Innovación 2027-2028, abierta por ChileCompra entre el 2 y el 26 de septiembre. El proceso busca recoger observaciones de organismos públicos, proveedores, academia y otros actores del ecosistema antes de definir la nueva política.
Para ACTI, el potencial del instrumento dependerá especialmente de que existan mecanismos que permitan a las empresas avanzar desde las etapas de prueba y validación a contratos y procesos de mayor escala, además de condiciones de participación que no excluyan a compañías por su tamaño o trayectoria cuando cuentan con una solución tecnológica pertinente.
“Chile tiene startups, empresas tecnológicas y universidades capaces de desarrollar soluciones para necesidades muy específicas del Estado. La Compra Pública de Innovación abre una vía para que esas capacidades encuentren una demanda concreta. Para que eso ocurra, es importante reducir barreras de entrada, facilitar el tránsito desde los pilotos hacia la contratación y generar condiciones para que una solución que demuestra resultados pueda crecer y ser utilizada por otras instituciones”, señaló Luz María García, gerenta general de ACTI.
La política sometida a consulta contempla lineamientos para fortalecer capacidades al interior de las instituciones públicas, mejorar la articulación con empresas y otros actores del ecosistema, financiar iniciativas innovadoras y realizar seguimiento de sus resultados. La Compra Pública de Innovación forma parte de la modernización introducida por la Ley N° 21.634 y busca utilizar la demanda del Estado para impulsar el desarrollo de soluciones frente a desafíos públicos.
Del problema a la búsqueda de soluciones
Una de las principales diferencias de este modelo respecto de una compra tradicional está en su punto de partida. En determinados procesos, la institución puede definir el problema o necesidad que busca resolver, permitiendo que proveedores propongan alternativas tecnológicas o desarrollos que no necesariamente habían sido definidos de antemano.
La normativa incorpora para ello dos procedimientos especiales. Los Contratos para la Innovación están orientados a necesidades para las cuales no existe una solución disponible o suficientemente desarrollada en el mercado y pueden incluir investigación, desarrollo y prototipos. Los Diálogos Competitivos de Innovación, en tanto, permiten que una institución dialogue con proveedores preseleccionados para precisar la solución más adecuada frente a una necesidad pública compleja.
“Plantear primero el problema amplía las posibilidades de encontrar una mejor respuesta. Para una startup es especialmente relevante, porque permite competir por la capacidad de resolver una necesidad concreta y no únicamente por ajustarse a especificaciones técnicas previamente definidas”, agregó García.
El desafío de pasar del piloto a la implementación
Para ACTI, uno de los aspectos que debería considerar la implementación de esta política es qué ocurre después de las pruebas iniciales. Los pilotos permiten verificar el funcionamiento y los resultados de una tecnología, pero para generar impacto también se requieren mecanismos que faciliten la continuidad de aquellas soluciones que demuestren efectividad y su eventual adopción a mayor escala.
El sector salud ofrece una experiencia reciente. Durante 2025, la segunda versión del programa “Juégatela por la Innovación e Impulsa el Cambio en Salud”, impulsado por CENS y Pro Salud Chile con apoyo de Corfo y el Ministerio de Salud, vinculó a 15 instituciones de salud que presentaron 16 desafíos con 16 empresas y startups que propusieron soluciones tecnológicas para abordarlos. Los proyectos avanzaron posteriormente hacia etapas de pilotaje y validación en entornos reales.
“Experiencias como esta muestran que existe capacidad para conectar problemas públicos con soluciones desarrolladas desde el ecosistema tecnológico. El siguiente paso es que los pilotos exitosos tengan una ruta que les permita avanzar. Si logramos conectar innovación, validación, contratación y escalamiento, la compra pública puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar los servicios del Estado y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de la industria tecnológica nacional”, concluyó García.
Acerca de ACTI:
La Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información AG (ACTI A.G) es la principal comunidad de empresas tecnológicas en Chile. Fundada en 1984, reúne a compañías de hardware, software, telco, capacitación, e integración de sistemas e internet, entre otras. Su misión es elevar la industria local a estándares globales, generar valor para sus socios y colaborar con el gobierno para fomentar la digitalización de Chile.
