Escribe Jonathan Jesús Guzmán, Contador Auditor, MBA, Docente de Educación Superior, Perito Judicial y Socio Director de V&G Asesores.
Cuando hablamos de impuestos, casi siempre partimos por las mismas preguntas. Cuánto se paga, quién debe hacerlo, qué exenciones existen, cómo se fiscaliza y qué ocurre con quien incumple. Son preguntas necesarias. Trabajo tras trabajo, reforma tras reforma, volvemos sobre ellas.
Sin embargo, creo que estamos dejando fuera una pregunta anterior y bastante más importante. ¿Qué condiciones necesita una sociedad para que pagar impuestos sea entendido no sólo como una obligación que impone la ley, sino también como una responsabilidad frente al país en que vivimos?
No estoy planteando reemplazar la obligación tributaria. Evidentemente debe existir. Sin reglas obligatorias no habría sistema tributario posible. Lo que planteo es que quedarse únicamente en la obligación resulta insuficiente.
Una persona puede pagar porque teme una multa, una fiscalización o una cobranza. Eso es cumplimiento. Otra cosa es entender por qué está pagando y qué responsabilidad existe detrás de ese aporte.
Los impuestos financian cosas que muchas veces no utilizaremos directamente. Quizás nunca necesitemos determinado hospital, nuestros hijos no estudien en una escuela pública o jamás transitemos por una determinada carretera. Aun así, contribuimos a financiarlos porque vivimos en una sociedad y no de manera aislada.
Ese principio es relativamente fácil de explicar. Lo difícil comienza cuando lo llevamos a la realidad.
Pensemos en una familia que llega con dificultad a fin de mes. O en el pequeño empresario que, antes de pagarse a sí mismo, tiene que calcular remuneraciones, cotizaciones, proveedores, arriendo, impuestos y una larga lista de gastos. Quien vive esa realidad no analiza el sistema tributario desde una discusión teórica sobre el contrato social. Primero está tratando de que los números cierren.
Eso no transforma la evasión en algo aceptable ni significa que cada contribuyente pueda decidir si cumple o no dependiendo de cómo estuvo su mes. Sería imposible sostener un sistema de esa manera. Pero sí obliga a mirar el problema completo.
A mi juicio, la justicia tributaria comienza bastante antes del momento en que el Estado recauda. También depende de las condiciones económicas que permiten a una persona o a una empresa generar ingresos y, desde allí, contribuir.
Podemos tener una administración tributaria cada vez más moderna, cruzar información, automatizar procesos y fiscalizar con mayor precisión. Todo eso es positivo cuando se hace correctamente. Pero el mejor sistema de fiscalización del mundo no puede reemplazar una economía que genere empleo, inversión, productividad e ingresos suficientes.
Por eso me cuesta separar la discusión tributaria de la discusión sobre crecimiento.
Durante años pareciera que hemos tratado ambos conceptos como si pertenecieran a veredas distintas. No creo que sea así. Una economía que no crece termina teniendo dificultades para financiar las necesidades que la propia sociedad le exige. Y un crecimiento que no se refleja de ninguna manera en las condiciones de vida tampoco puede sostenerse socialmente por mucho tiempo.
La pregunta, entonces, no debería ser sólo cuánto recaudar. También deberíamos preguntarnos de dónde vendrán los recursos que pretendemos recaudar dentro de diez o veinte años.
Eso nos lleva inevitablemente al empleo formal, la inversión, la educación, la productividad y el emprendimiento. Si esas bases son débiles, el problema fiscal aparecerá tarde o temprano, independientemente de cuántas veces modifiquemos las tasas o las normas tributarias.
Aquí es donde creo que tenemos que avanzar desde una cultura basada casi exclusivamente en la obligación tributaria hacia otra de responsabilidad tributaria.
El contribuyente tiene una responsabilidad evidente. Si obtiene ingresos y posee capacidad económica, debe cumplir correctamente con los impuestos que la ley establece, declarar sus actividades y evitar la evasión o el abuso de las normas. No veo por qué deberíamos relativizar aquello.
Pero la relación no termina ahí. El Estado también tiene responsabilidades.
Cada peso que administra provino antes del trabajo, del consumo, del ahorro, de una inversión o del riesgo que asumió alguien. Esa conexión a veces se pierde cuando hablamos de recursos públicos como si aparecieran simplemente dentro de una partida presupuestaria.
Por eso considero razonable exigir al contribuyente que cumpla, pero también exigir al Estado que explique, administre y utilice bien aquello que recauda.
Cuando existen procedimientos innecesariamente complejos, servicios deficientes o recursos mal utilizados, no desaparece la obligación de pagar impuestos. Lo que sí se deteriora es algo fundamental para cualquier sistema tributario, la confianza.
Un sistema basado únicamente en fiscalización puede conseguir cumplimiento. Uno que además tenga legitimidad puede avanzar hacia una verdadera cultura de cumplimiento. No son exactamente lo mismo.
También existe otra discusión pendiente, probablemente más compleja. Tiene que ver con qué tipo de economía queremos financiar y con las conductas que estamos incentivando a través de los impuestos.
Los tributos no operan en el vacío. Influyen en decisiones. Pueden favorecer o dificultar una inversión, afectar la formalización, modificar decisiones de ahorro o alterar la manera en que una empresa organiza su actividad.
Por eso una buena política tributaria no debería preguntarse únicamente dónde existe una fuente adicional de recaudación. También debería analizar qué ocurre después de modificar un impuesto.
¿Estamos favoreciendo el empleo formal? ¿El costo de cumplir es razonable para un contribuyente pequeño? ¿Las reglas son suficientemente estables para quien debe tomar una decisión de inversión pensando en varios años? También importa saber si estamos facilitando que una pequeña empresa crezca y si los incentivos apuntan realmente hacia inversión productiva.
Son preguntas tributarias, pero también económicas.
Hay además un aspecto que a veces abordamos con demasiada distancia. Las necesidades básicas.
Es muy difícil hablar de responsabilidad frente al sistema cuando una persona siente que su prioridad inmediata es sobrevivir económicamente.
Quien está preocupado por llegar al día treinta no piensa primero en el contrato social. Piensa en el arriendo, en la cuenta de la luz, en los alimentos o en cómo financiar el mes siguiente.
Eso no elimina su deber tributario. Lo que demuestra es que un sistema sostenible necesita ampliar progresivamente la capacidad económica de las personas.
La verdadera discusión, por tanto, no debería consistir en enfrentar al contribuyente con el Estado. Debería consistir en preguntarnos cómo logramos que más personas produzcan, trabajen formalmente, emprendan, progresen y lleguen a tener capacidad suficiente para contribuir.
Mientras mayor sea esa base, más sostenible será también el financiamiento de las necesidades colectivas.
Hay aquí un componente educativo que considero especialmente importante. En Chile hablamos bastante de educación financiera, pero muy poco de educación tributaria entendida como formación ciudadana. Muchos jóvenes terminan su etapa escolar sin haber discutido seriamente de dónde provienen los recursos con los cuales funciona el Estado.
Nada de aquello que llamamos gratuito es realmente gratuito. La gratuidad para quien recibe un determinado beneficio significa que alguien más, o la sociedad en su conjunto, lo está financiando.
Comprender eso no debería conducir necesariamente a cuestionar esos beneficios. Al contrario, debería permitir discutirlos con mayor responsabilidad.
Un ciudadano que entiende cómo se financia el Estado probablemente sea también un ciudadano más exigente. Entenderá por qué debe contribuir, pero al mismo tiempo querrá saber qué se hizo con esos recursos. Y eso me parece sano.
Durante mucho tiempo hemos construido una imagen algo extraña de esta relación. A veces pareciera que el contribuyente es una persona a la que hay que vigilar permanentemente porque intentará incumplir apenas tenga una oportunidad. Desde la otra vereda, algunas personas miran al Estado como una estructura cuyo único propósito es quitarles una parte de lo que producen.
Ninguna de esas dos miradas ayuda demasiado.
La inmensa mayoría de las personas quiere trabajar, progresar y vivir tranquila. El Estado, por su parte, necesita recursos para financiar funciones que una sociedad moderna exige y que individualmente no podríamos proveernos de manera adecuada. El desafío es conseguir que esa relación funcione mejor.
Por eso la justicia tributaria no puede reducirse a determinar quién paga más y quién paga menos.
Tiene que considerar la capacidad económica, naturalmente. Quien tiene mayor capacidad debe contribuir de acuerdo con las reglas que democráticamente nos hemos dado. También debemos procurar que nadie pueda escapar artificialmente de una obligación que sí soportan otros contribuyentes.
Pero junto con aquello tenemos que preocuparnos de la calidad del gasto, de la simplicidad del sistema, de los incentivos económicos y de que emprender o producir siga teniendo sentido.
A eso se suma la sostenibilidad. No tendría demasiado sentido financiar nuestro bienestar actual utilizando irresponsablemente aquello que necesitarán las generaciones siguientes. El crecimiento económico, la política fiscal y la protección de nuestro patrimonio natural no deberían analizarse como mundos completamente separados.
Al final, todo forma parte de una misma cuestión. Qué país somos capaces de sostener en el tiempo.
Desde esa perspectiva entiendo la responsabilidad tributaria. No como una excusa para pagar menos ni como un concepto destinado a suavizar la obligación legal. Al contrario. Supone que el contribuyente cumpla, que el Estado administre correctamente los recursos que recibe y que la política económica genere condiciones para que cada vez más personas tengan capacidad de contribuir sin poner en riesgo sus necesidades esenciales.
Eso es bastante más difícil que modificar una tasa de impuesto.
Una reforma tributaria puede discutirse y aprobarse en algunos meses. Construir una cultura de responsabilidad probablemente tome años. Pero deberíamos empezar a hablar de ella.
Porque la justicia tributaria comienza antes de pagar un impuesto. Empieza cuando una persona tiene oportunidades reales para trabajar, producir y progresar y, una vez que adquiere capacidad económica, cumple con lo que le corresponde. El círculo recién se completa cuando puede observar que esos recursos regresan a la sociedad mediante servicios públicos que funcionan, infraestructura, educación, seguridad e instituciones confiables.
Quizás allí esté el verdadero cambio de paradigma.
Dejar de preguntarnos únicamente cuánto estamos obligados a entregar y comenzar también a preguntarnos qué responsabilidad tenemos, cada uno desde su posición, en sostener aquello que compartimos.
