Escribe Armando Miño Rivera, Periodista Independiente y Docente Universitario (Lima – Perú).
Estás estudiando y de repente entra por la ventana de tu aula el olor a comida, el grito de un mecánico que ofrece sus servicios, el ruido de un jalador de ropa. Estas situaciones se daban hasta hace unos años, debajo, encima o al costado de un salón universitario. Un estudiante de derecho que tenía que inhalar durante horas los aromas de un chifa que estaba a metros, debajo de donde estudiaba era algo natural, diario, común. Al crearse la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), se daba fin a estas y otras prácticas, distantes todas de la calidad de la educación superior.
Existían universidades que expedían títulos bamba, no reconocidos por ningún colegio profesional, centro de estudios supuestamente de grado superior que daban títulos honoris causa a sus propios dueños, los mismos que eran alcaldes, congresistas, presidentes regionales o dueños de chacras y parcelas. Al mejor estilo de una mala novela mexicana.
La ley 30220 que creó SUNEDU puso e impuso un camino que permitió el mejoramiento de la calidad de los claustros superiores: docentes con capacitación continua, que ostenten el grado de maestro o doctor para el dictado de clases, plana permanente para la investigación y asesoramiento al estudiante, creación de bolsas de trabajo y la defensoría del estudiante, currícula, sílabos y mallas actualizadas, con aulas y laboratorios bien equipados y otros beneficios que aseguraban la viabilidad de un recorrido óptimo en la vida universitaria.
El congreso peruano acaba de derribar la reforma: recompone el Directorio de la SUNEDU colocando a las mismas universidades para que se autorregulen, retira a MINEDU como ente regulador, además de dejar de percibir dinero que permitía el licenciamiento. O sea, los congresistas han eliminado una partida que alimentaba a las universidades públicas. Para jalarse los pelos.
En la práctica, estamos volviendo a la época de la Asamblea Nacional de Rectores, que por compadrazgo, amistad y dinero licenciaban, daban autorizaciones o – si eras enemigo de éstos – eliminaba a la competencia. Una reforma que se ha hecho (para variar) al caballazo, con la oposición enorme y total de las instituciones licenciadas, de las universidades tanto públicas como privadas, con el desacuerdo de entes y conjunto de docentes agrupados en Redes Universitarias y de los estudiantes y padres de familia.
Darwin Espinoza que no tiene estudios superiores, Esdras Medina y Edgar Tello son parte de esta comisión y congresistas que impulsaron esta reforma, todos ellos dueños, amigos o exalumnos de casas no licenciadas, cuyos partidos son regentados por exdueños de chifas, perdón, seudouniversidades no licenciadas. También están Álex Paredes, Néstor Cáceres y José Luna Gálvez, mismo que era cabeza de la universidad Telesup, que pagaba a sus docentes en el techo de su edificio en 28 de Julio y que daba clases de Ciencias de la Comunicación con un televisor y un micro como set de televisión, y que no tuvo reparo en votar a favor de esta pachotada, de esta cachetada a la calidad superior. Todos ellos personajes impresentables.
Esperemos que el Tribunal Constitucional detenga esta aberración, porque miles de estudiantes se perjudicarán. No más títulos truchos, no más.
