La ONG, que culminó hoy su misión, afirmó que las autoridades han adoptado una «política de castigo» durante la crisis que provoca que «más personas se sumen al abrumador número de víctimas».
Amnistía Internacional (AI) aseguró hoy que los distintos organismos de orden público están usando la fuerza de manera innecesaria y que en vez de tomar medidas para frenar la «crisis» de derechos humanos, «han sostenido políticas de castigo».
Al concluir hoy su misión de investigación en el país, Erika Guevara, directora para las Américas de la ONG, declaró que «la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes».
En cuanto a las víctimas fatales, mencionó el caso de Kevin Gómez de 24 años, quien falleció según el parte médico, por una «herida torácico pulmonar producto de múltiples proyectiles» el 21 de octubre en Coquimbo.
«De acuerdo con testigos, un militar disparó a Kevin sin mediar palabra y a corta distancia con una escopeta de perdigones, a pesar de que el joven se encontraba desarmado», señaló.
En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy», añadió.
Asimismo dijo que «la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día».
Hasta el momento, AI ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Biobío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y La Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana, ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.
Además, según señalaron, la organización ha obtenido evidencia a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.