El proyecto de Presupuesto 2027 esconde cambios que van bastante más allá de cuánto dinero recibirá cada ministerio. En sus 51 artículos, el Gobierno modifica reglas que impactan directamente a las regiones, funcionarios públicos y municipios, además de intervenir en el calendario de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Entre las modificaciones más relevantes, los gobiernos regionales perderán participación en los recursos obtenidos por la venta de inmuebles fiscales, mientras los cupos para pasar trabajadores a honorarios hacia la contrata caerán de 6.500 a solo 1.500.
Pero no es lo único. El Ejecutivo también congelará el traspaso de cinco SLEP durante 2027, elevará en 44% el techo principal de endeudamiento y podrá descontar recursos a municipios que mantengan saldos SEP sin ejecutar. A ello se agregan medidas para acelerar inversiones y transparentar los sumarios por mal uso de licencias médicas.
Regiones pierden participación en venta de inmuebles fiscales
Uno de los cambios que anticipa mayor discusión política está contenido en el artículo 13.
Actualmente, cuando el Estado vende un inmueble fiscal, el 65% de lo recaudado corresponde al gobierno regional respectivo, un 10% a Bienes Nacionales y el 25% restante al Fisco.
La propuesta del Ejecutivo invierte buena parte de esa distribución: desde 2027, sólo un 35% quedaría en manos del gobierno regional y el otro 65% iría directamente al Fisco. Bienes Nacionales, además, dejaría de recibir su actual 10%.
En otras palabras, las regiones perderían 30 puntos porcentuales de participación en estos ingresos. El impacto dependerá de las ventas fiscales realizadas en cada territorio y podría sentirse especialmente donde este tipo de operaciones tiene mayor peso, como Antofagasta.
Gobierno frena paso de honorarios a contrata
El ajuste también alcanza al empleo público. Si durante 2026 se contemplaron 6.500 cupos para regularizar trabajadores a honorarios mediante su traspaso a contrata, el Presupuesto 2027 reduce esa cifra a solo 1.500 personas.
Son 5 mil cupos menos, equivalentes a una caída cercana al 77%, en una modificación que se enmarca en el control de las dotaciones del Estado.
El articulado mantiene, además, la regla de reposición de vacantes por retiro en un cupo por cada tres salidas.
