Según el informe de Inspección Total al Estado, entre 2022 y 2026 se identificaron más de $5,4 billones transferidos a fundaciones que debieron ser objeto de rendición. De ese total, más de $1,4 billones no acreditan su rendición.
Los servicios con mayor proporción no rendida son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura. El documento también señala que, durante el mismo período, se crearon 177 fundaciones que recibieron más de $11 mil millones sujetos a rendición. De ese total, más de $6.500 millones, cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada.
Además, 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos no tienen registro alguno de rendición.
“Cuando el Estado transfiere recursos a una fundación, no termina ahí su responsabilidad. La obligación pública continúa hasta que esos recursos estén correctamente ejecutados, respaldados y rendidos”, sostuvo la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
La autoridad agregó que el Estado debe revisar caso a caso si hubo falta de presentación, rechazo de rendiciones, incumplimientos de convenios, debilidades del servicio que transfirió o situaciones que deban ser derivadas a otras instituciones.
Alertan uso intensivo del trato directo en compras públicas
El reporte también abordó hallazgos en compras públicas. Según el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, se detectó un uso intensivo del trato directo en distintos organismos del Estado, con servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública.
Entre los principales casos mencionados figuran el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
El análisis también advirtió un aumento en el uso de causales para justificar compras por trato directo, especialmente “proveedor único”, “confianza y seguridad” y “emergencia”.
Respecto de esta última causal, el comité sostuvo que su uso supera en 17% lo registrado durante el período de la pandemia del COVID-19, lo que, según el organismo, obliga a revisar los antecedentes y verificar el buen uso de los recursos públicos.
