Una querella criminal contra el senador Juan Luis Castro (PS) presentó la Fundación Fuerza Ciudadana, acusándolo de una eventual participación en la gestión de un documento que habría utilizado una firma falsa de la senadora Ximena Órdenes para retirar su permiso constitucional. (BiobioChile.cl).
La acción judicial fue ingresada este jueves ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y también apunta contra todos quienes resulten responsables. Además, solicita que se evalúe el desafuero del parlamentario cuando se cumplan los requisitos legales.
El caso se originó luego de que se informara el retiro de los permisos constitucionales de Órdenes y del senador Fidel Espinoza, quienes se encontraban fuera del país en una gira por Asia junto al presidente.
La situación generó controversia durante la discusión del Presupuesto 2027, debido a que la ausencia de parlamentarios con permiso constitucional incide en el cálculo de los senadores en ejercicio y, por tanto, en los quórums de votación.
Permiso no autorizado
Según los antecedentes expuestos en la querella, el 17 de noviembre Castro habría comunicado o gestionado el retiro de ambos permisos. Ese mismo día, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, informó la situación ante la Sala.
Sin embargo, al día siguiente, el senador Pedro Araya leyó una carta enviada por Ximena Órdenes al secretario general del Senado, Luis Rojas.
En ella, la parlamentaria negó haber solicitado el retiro de su permiso, firmado o enviado un documento con ese propósito, o autorizado a alguien para realizar el trámite en su nombre.
Posteriormente, la presidenta del Senado confirmó que la Mesa y la Secretaría General habían recibido un documento con una firma atribuida a Órdenes. Los permisos de ambos parlamentarios volvieron a regir durante esa misma jornada.
Piden investigar
A partir de estos antecedentes, la Fundación Fuerza Ciudadana pide investigar quién elaboró el documento, cómo se incorporó la firma de la senadora y quién lo presentó ante el Senado.
Respecto de Castro, solicita esclarecer qué participación tuvo en la gestión y si conocía el origen y contenido del documento.
La querella también pide que la PDI concurra al Congreso para recoger los documentos originales y otros antecedentes que permitan aclarar lo ocurrido.
Entre ellos menciona correos electrónicos, archivos digitales, registros de envío y recepción y las grabaciones completas de las sesiones del 17 y 18 de noviembre.
La presentación también solicita determinar si el retiro de los permisos tuvo algún efecto en el cálculo de los quórums o en las votaciones realizadas durante la tramitación del Presupuesto 2027.





