La legisladora, votó favorablemente la iniciativa que busca fortalecer la persecución penal de quienes organizan y lucran con el ingreso, salida y traslado irregular de personas, lo que permitirá que la normativa incorpore conductas que, actualmente, no están cubiertas.
El texto, correspondiente a los boletines refundidos N°18.315-07 y 16.948-07, modifica el Código Penal para ampliar las conductas asociadas al tráfico ilegal de migrantes y crea una nueva figura destinada a perseguir a quienes faciliten, promuevan, concierten o realicen el traslado o transporte dentro del territorio nacional de personas en situación migratoria irregular, cuando exista un beneficio económico o de otra naturaleza.
En medio del debate en el Congreso en torno al Proyecto, la diputada Carolina Cucumides sostuvo que el aumento de la migración de los últimos años requiere respuestas del Estado que combinen control, seguridad y respeto por las personas.
“La gente pide dos cosas que no se contradicen: orden y justicia. Hace unos días votamos en contra de encerrar migrantes sin antecedentes hasta por 120 días porque era un mal proyecto, que apuntaba a personas sin antecedentes. Pero este proyecto apunta a algo correcto: a quienes lucran con la necesidad ajena”, afirmó.
La parlamentaria sostuvo que la legislación vigente presenta vacíos que dificultan perseguir a organizaciones que continúan operando una vez que las personas han ingresado al territorio nacional.
“Chile no estaba preparado para este aumento inmediato. Hubo quienes hicieron llamados masivos en el extranjero buscando mano de obra barata, en vez de pagar a los nuestros sueldos decentes y con seguridad social. (…) El tipo penal vigente se quedó corto. No alcanza a quien organiza la salida clandestina ni a quien espera con un vehículo cerca de la frontera para trasladar a los recién llegados. Las redes no se detienen en la frontera y la ley tampoco debiera”, señaló.
Cucumides vinculó además esta problemática con situaciones que afectan particularmente a regiones agrícolas como O’Higgins, donde existen actividades económicas que requieren gran cantidad de mano de obra temporal.
En ese contexto, recordó el accidente ocurrido en Peumo en el año 2022, ocasión en la que fallecieron nueve personas que eran trasladadas para realizar labores agrícolas, y advirtió sobre la necesidad de que las investigaciones alcancen a quienes organizan y se benefician económicamente de este tipo de operaciones.
“La ley debe alcanzar al contratista que organiza el negocio, no solo al chofer. El contratista que cumple compite con desventaja con aquel que trae gente sin papeles, sin contrato, con choferes sin licencia y que empuja a la baja los sueldos de las temporeras y temporeros chilenos”, enfatizó.
Con todo lo anterior, la representante del distrito 16 respaldó el proyecto que ya pasó para su tramitación al Senado, entendiendo que aún existen aspectos del proyecto que deberán perfeccionarse durante su tramitación. “Este proyecto debe aprobarse en general, sin duda. Hay cosas que debemos mejorar, pero debemos avanzar. Chile necesita orden en sus fronteras y respeto por las personas. Persigamos a las redes, no a quienes llegan a trabajar”, concluyó.
