Ello mientras revisa recurso de protección del INDH que busca resguardar su salud. La sede de O’Higgins del INDH busca resguardar el derecho a la vida de un adolescente de 14 años, afectado por una enfermedad que requiere atención permanente. Para esto, presentó una orden de no innovar, la que fue acogida por el tribunal con el fin de que siga recibiendo tratamiento mientras se revisa su caso.
La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió una orden de no innovar que presentó la sede de O’Higgins del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que busca garantizar la vida y la integridad física y psíquica de un adolescente de 14 años. El joven tiene una enfermedad grave asociada a un elevado riesgo de falla multiorgánica e incluso de muerte, que demanda atención permanente. A partir de cambios en la situación laboral de su familia, debieron afiliarse a Fonasa en abril pasado. Desde ese momento han tenido dificultades para acceder de manera continua a atención médica.
El tribunal acogió la solicitud del INDH e instruyó que el joven reciba tratamiento mientras se discute su causa. En un primer momento la Corte de Apelaciones de Rancagua había rechazado la orden de no innovar, pero luego de que el INDH entregara nuevos antecedentes clínicos del adolescente, ordenó a la red asistencial garantizar su tratamiento de manera oportuna mientras termina de revisar la situación.
El jefe de la sede regional del INDH, David Bahamondes, sostuvo que “para el instituto es importante haber obtenido este resultado en el marco de la tramitación del recurso. La condición clínica del joven reviste tal gravedad que es necesario que, en tanto se debate el recurso, se proporcione el medicamento necesario para resguardar el derecho a la vida e integridad del adolescente. Conforme a instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Chile, el derecho a la vida incluye el acceso a aquellas prestaciones sanitarias indispensables para preservar la existencia, la salud y la integridad de las personas, en especial cuando la falta de tratamiento puede provocar consecuencias graves e irreversibles, como ocurre en este caso”.
En el ejercicio de su mandato de proteger los derechos de todas las personas dentro del país, la legislación le permite al INDH interponer acciones judiciales —entre ellas los recursos de protección— asegurando la defensa de individuos o grupos cuyos derechos están amenazados por actos u omisiones de órganos estatales.
