El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la controversia generada por la contratación de un estudiante de Periodismo de 19 años en el Ministerio del Interior, con una remuneración de $1,9 millones. Al respecto, destacó el “profesionalismo” de quienes trabajan en la cartera y dijo que se acomodará su renta.
En una vocería realizada en La Moneda, la autoridad fue cuestionada por la contratación de Cristóbal Soto, quien cursa primer año en la Universidad de los Andes y está contratado en Interior bajo el cargo de “Redes Sociales y Apoyo Comunicacional”, según Contrapoder.
Al respecto, Pavez replicó que “en primer lugar, todas las personas que trabajan en el Ministerio del Interior son personas que llevan adelante el trabajo para el cual fueron contratadas con el mayor nivel de profesionalismo. Y eso me consta como subsecretario y como jefe de servicio”.
Pavez anuncia cambios en la remuneración
Así, destacó el “profesionalismo” de los trabajadores de la repartición, incluyendo en ello al estudiante de 19 años. No obstante, posteriormente anunció que se estarían tomando medidas respecto de su remuneración.
“Sin perjuicio de ello, en virtud de la polémica que se ha generado, puedo informar que esa circunstancia respecto del sueldo específico de este funcionario ya ha sido aclarada y lo vamos a acomodar de acuerdo a las rentas, de acuerdo a los años que corresponden”, afirmó.
Finalmente, Pavez sostuvo que “eso es algo que no debiera ser parte de ninguna polémica”, pese a los cuestionamientos previos, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, por la contratación del joven.
La contratación generó cuestionamientos desde la bancada del Partido de la Gente (PDG). El diputado Juan Marcelo Valenzuela calificó el caso como “el emblema del pituto”, mientras que la diputada Lilian Betancurt sostuvo que el Estado debe establecer estándares claros de mérito, experiencia e idoneidad para este tipo de cargos.
Desde la bancada también recordaron un proyecto que busca exigir al menos tres años de experiencia para determinadas funciones de asesoría pública y pidieron transparentar los criterios utilizados para definir tanto las contrataciones como sus remuneraciones.
