Las parlamentarias IND-UDI exigen esclarecer responsabilidades, conocer el alcance de las irregularidades detectadas en 322 municipios del país y avanzar en eventuales sanciones administrativas.
Las diputadas e integrantes de la comisión de Obras Públicas, Marlene Pérez y Natalia Romero oficiaron a la Contraloría General de la República para solicitar antecedentes sobre la legalidad y el estado actual de las investigaciones relacionadas con la renovación irregular de más de 146 mil permisos de circulación entre los años 2022 y 2025.
La solicitud surge luego de que se conociera que 322 de los 345 municipios del país habrían otorgado permisos de circulación a vehículos cuyos propietarios mantenían multas de tránsito impagas o figuraban en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI), situaciones que, de acuerdo con la legislación vigente, constituyen impedimentos para concretar dicho trámite.
“Estamos frente a hechos de máxima gravedad que podrían comprometer recursos públicos, debilitar el cumplimiento de la ley y generar una evidente sensación de impunidad para miles de ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones”, señalaron las parlamentarias.
Entre los antecedentes conocidos, destacan casos de vehículos que renovaron su permiso de circulación pese a mantener un elevado número de multas vigentes, incluyendo registros de hasta 240 infracciones pendientes. Asimismo, se detectaron más de 5.900 vehículos que repitieron esta situación irregular durante al menos tres de los cuatro años analizados.
Las diputadas también manifestaron su preocupación por posibles conflictos de interés detectados en algunas renovaciones, las que involucrarían a funcionarios municipales y familiares directos que mantenían infracciones pendientes al momento de obtener sus permisos.
A través del oficio, Pérez y Romero solicitaron a la Contraloría informar el listado completo de los municipios involucrados y el número de permisos irregulares otorgados por cada uno; el monto estimado de las multas que permanecen impagas; el detalle de los casos asociados al Registro de Pasajeros Infractores, incluyendo eventuales reincidencias; y el estado actual de los sumarios administrativos iniciados en el marco de estas investigaciones.
“Es fundamental que exista total transparencia sobre estos hechos y que se determinen con claridad las responsabilidades que correspondan. Los chilenos merecen instituciones que hagan cumplir la ley sin excepciones ni privilegios”, concluyeron las legisladoras.
Finalmente, las diputadas Marlene Pérez y Ximena Naranjo indicaron que continuarán realizando un seguimiento permanente al desarrollo de las investigaciones y a las medidas que adopten los organismos fiscalizadores para resguardar la correcta aplicación de la normativa vigente.
