La primera Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sostuvo que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) debe responder por qué autorizó que siguieran operando aerolíneas que no cumplían con los requisitos migratorios, en el contexto del caso de más de 200 menores haitianos que ingresaron al país y cuyo paradero se desconoce.
“La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tiene que responder por qué siguen o siguieron operando aerolíneas sin cumplir con los requisitos del Estado de pasajeros, de individualización y de documentos que deben presentar”, manifestó en conversación con Hoy es Noticia.
Explicó, en esa línea, que “tú no te puedes subir a un avión en el extranjero para llegar a Chile si la aerolínea no certifica que tienes la documentación que en el país exigen para poder entrar, y eso siguió pasando; entonces hay una responsabilidad que se tendrá que determinar“.
También se refirió a la respuesta del Ministerio Público de que la investigación sobre el caso es reservada: “Más allá de que nosotros no tenemos derecho a conocer las diligencias de investigación que se hayan hecho en su oportunidad, sí necesitamos saber qué pasó con los niños involucrados en esta denuncia por tráfico ilícito de migrantes, qué pasó con esos adultos, con las aerolíneas. ¿Por qué siguieron operando si es que estaban detrás o no de este presunto ilícito de tráfico de inmigrantes? Esas son respuestas que el país merece“.
Muñoz precisó que “la Fiscalía no necesita de un querellante para que haga su trabajo. (…) Cuando uno es fiscal, uno tiene el deber de investigar, independientemente de si hay un abogado querellante pidiéndole diligencias, porque la responsabilidad y la obligación constitucional están puestas en uno como fiscal, no en otros órganos. En ese sentido, me parece que ahí hay una responsabilidad clara“.
La Defensoría de la Niñez “cometió un error”
Para Muñoz, la DGAC no fue la única institución que tiene cierta responsabilidad administrativa en el hecho, ya que también apuntó contra la Defensoría de la Niñez que alguna vez dirigió, afirmando que esta “cometió un error“.
“Cometió un error, porque de acuerdo a lo que yo escuché del defensor, se habían producido muchas peticiones de oficio y peticiones de información, y habían tomado conocimiento de irregularidades, como las que estamos conversando. Y me parece que hay una falla en no denunciar públicamente esas irregularidades“, comentó.
La abogada remarcó que el deber de la Defensoría de la Niñez “no solo es persuadir a las instituciones a que hagan las cosas protegiendo los derechos de los niños, sino que también es poner en la palestra pública cuando los derechos de los niños pueden estar siendo vulnerados”.
Agregó que no conoció “ninguna denuncia pública de la Defensoría en este sentido, a pesar de que, de acuerdo a lo que he escuchado en el relato del defensor el día de ayer en el Senado, conocían de muchísimas irregularidades y habían mandado un montón de oficios a las instituciones porque el sistema no estaba funcionando”.
En ese sentido, señaló que “la denuncia pública era imprescindible para que nos escandalizáramos como nos estamos escandalizando ahora, pero ojalá hubiese sido tiempo antes y eso hubiese evitado que hoy día estemos en la situación que estamos, probablemente con menos niños a los que tengamos que buscar. Así que me parece que sí, fue un error y lo lamento profundamente”.
“El problema no está en la flexibilización, sino en cómo se analizó caso a caso la situación de esos niños”
La exdefensora de la Niñez sostuvo que la flexibilización para presentar documentos de ciudadanos haitianos no debería implicar que no se aplique una revisión “rigurosa del caso a caso y de la situación específica de los niños en aquellos casos en que no tuvieran la documentación”.
Muñoz explicó que “un elemento central de la reunificación familiar es, como su nombre lo indica, que ese niño o niña que ingresa se vincule con el familiar que está en nuestro país, y no sea entregado a una persona distinta de ese adulto”.
Añadió: “Por lo tanto, si tú no tienes documentos, nuestra legislación contempla precisamente mecanismos en términos de procedimientos administrativos o judiciales que lo que hagan sea establecer ese vínculo entre ese padre, esa madre, que está en nuestro país con residencia definitiva, y aquel niño que, desafortunadamente, por vivir en un estado fallido como es Haití, no puede traer los papeles que se exigen en nuestra legislación”.
La exautoridad enfatizó que “el problema no está en la flexibilización, sino que más bien en cómo se analizó caso a caso la situación de esos niños y niñas y de esa manera poder determinar si es que se estaban entregando o no a quien realmente tenía un vínculo de parentesco con ellos para poder tener la tranquilidad de que la reunificación familiar se cumplía”.
