Durante este lunes, la Fiscalía Nacional ordenó abrir una investigación de oficio para indagar eventuales delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile durante 2025. (Imagen de referencia).
La indagatoria quedó a cargo del fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, quien buscará esclarecer las fallas de control bajo la figura de reunificación familiar, además de otorgar protección a víctimas y testigos.
El caso penal se originó tras la publicación de BiobioChile.cl respecto a un informe de la Contraloría.
El organismo identificó que cientos de menores de edad ingresaron al país en vuelos charter autorizados por la DGAC junto a adultos cuyo vínculo no fue verificado por las autoridades competentes ni en el trayecto ni al momento del arribo.
La acción penal también apunta a determinar la existencia de funcionarios públicos o grupos de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal de ciudadanos extranjeros no residentes al territorio nacional.
Lo anterior quedó al descubierto tras un preinforme reservado de la Contraloría General de la República, al que accedió BioBioChile, en el que se detectó el masivo ingreso y en el que también se advirtieron diferentes tipos de fallas.
“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”.
Al respecto, el director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, dijo: “Estos son hechos graves que requieren una investigación específica por parte del Ministerio Público, es por eso que el fiscal nacional ha decidido esta denuncia de oficio para poder despejar aquellos hechos o no, si revisten carácter de delito y en los cuales eventualmente pudiese estar involucrado un funcionario público”.
Lo anterior, “sea por infracción hasta los deberes propios de su cargo, sea precisamente por haber omitido cuestiones propias de su cargo o incluso respecto de la omisión de hechos que revisten carácter de delito y que puedan constituir efectivamente la investigación que el Ministerio Público ha encomendado”.
