Este martes, el Senado votó en una sesión ordinaria el articulado del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención del crimen organizado.
La iniciativa, que se encuentra en su tercer trámite legislativo y fue ingresada en 2023, registró un empate de 24 votos al ser sometida a votación en la Sala, por lo que será discutida en una comisión mixta.
Desde la oposición, el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, emplazó al oficialismo a través de X: “Perdimos por un voto el levantamiento del secreto bancario. Son caraduras. Ganaron la elección con temas de seguridad y hoy le hacen un ‘guiño’ al crimen organizado con su voto en contra. Se contradicen solos: se niegan a que les revisen operaciones sospechosas en los bancos, pero no trepidaron en vaciarles sus cuentas corrientes a los deudores del CAE”.
Por su parte, el legislador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo: “Llevamos tres años esperando que salga esta norma del subsistema de inteligencia para perseguir la evasión de impuestos, el lavado de activos y el crimen organizado. El levantamiento administrativo es clave para llegar rápido a perseguir el delito y castigarlo con todo el peso de la ley”.
“Hoy, lamentablemente, se rechaza. Esto va a una comisión mixta y esperemos que el día de mañana una instancia compuesta por diputados y senadores apruebe esta norma, que es fundamental para combatir la inseguridad y el crimen en Chile”, subrayó.
¿Qué rechazó el Senado?
En concreto, se rechazó permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pudiera requerir, de forma directa y sin autorización judicial previa, información sujeta a secreto bancario.
La disposición establecía que “excepcionalmente la UAF podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, y esta estará obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hayan sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia”.
