La Tesorería General de la República (TGR) informó a través de un comunicado «que más de 550 mil personas no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). Como consecuencia de ello, el Fisco ha debido cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos, acumulando a la fecha una deuda a su favor superior a los $4 billones (millones de millones) de pesos».
En cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley, TGR continúa desarrollando una estrategia cuyo objetivo es recuperar aquellos recursos públicos que han sido desembolsados por el Estado y que deben reintegrarse al patrimonio fiscal.
“En lo que va del año, más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran la situación económica acreditada de cada persona. Para ello hemos dispuesto alternativas que incluyen condiciones especiales para quienes tengan menores niveles de ingreso con el propósito de facilitar la regularización de estas obligaciones”, señaló el Tesorero General, Hernán Nobizelli.
En aquellos casos en que se han ofrecido alternativas de pago acordes a la capacidad económica disponible y no ha existido respuesta por parte del deudor, la institución ha ejercido las acciones de cobro contempladas en la normativa vigente, incluyendo medidas de embargo cuando corresponde.
Es importante precisar que, a la fecha, la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2025, disponibles al momento de iniciarse en abril del presente año la estrategia de cobro de las deudas CAE.
A la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios.
Quienes actualmente se encuentren cesantes, pueden presentar los antecedentes que acrediten dicha situación en la Oficina Virtual de Trámites de TGR mediante un certificado de cotizaciones previsionales y un finiquito. Este trámite permite acceder a un pie y cuotas de 1 UTM.
Respecto de diversas informaciones difundidas a través de redes sociales, la institución aclaró que el proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales.
El hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar.
Finalmente, la institución reiteró el llamado a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país.
Corte de Apelaciones de Arica respalda facultades de cobro de TGR
En este contexto, la Corte de Apelaciones de Arica rechazó recientemente un recurso de protección interpuesto en contra de Tesorería General de la República, validando el marco legal que faculta a la institución para efectuar el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado.
La sentencia, dictada en la causa Rol N°300-2026, rechazó la acción presentada por un deudor que buscaba dejar sin efecto un mandamiento de ejecución y embargo emitido por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota en el marco de un procedimiento administrativo de cobro.
La resolución judicial ratifica la aplicación del procedimiento de cobro coactivo respecto de las deudas CAE una vez que la garantía estatal se hace efectiva y los montos adeudados pasan a formar parte del patrimonio fiscal. Este pronunciamiento se suma a los más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles por la Corte Suprema en materias relacionadas con el cobro de estas acreencias.
De esta forma, los tribunales superiores de justicia han sostenido que el recurso de protección no constituye la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de estas obligaciones, ni tampoco para cuestionar el procedimiento legal establecido para su cobro.
TGR continuará ejerciendo las acciones que la ley le confiere para la recuperación de recursos públicos, resguardando el debido proceso y promoviendo alternativas de regularización para quienes mantengan obligaciones pendientes con el Fisco.
