Este miércoles, la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) presentó ante el Ministerio Público una serie de antecedentes recopilados en su auditoría interna que apuntan a presuntas irregularidades en la administración anterior, liderada por la exdirectora Camila Rubio.
Con esto, la Junaeb se convirtió en la primera entidad en ser denunciada por el Gobierno de José Antonio Kast ante la Fiscalía, después de anunciar una auditoría interna por dudas en el manejo del presupuesto de la administración anterior de Gabriel Boric.
En específico, los antecedentes recopilados entre 2022 y 2026 detectaron supuestas irregularidades por más de $14 millones. A esto se le suman otras anomalías en las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por supuestos pagos con sobreprecios y servicios no concretados con la compañía Soser, según consignó La Tercera.
Los dos focos de la denuncia: raciones no entregadas y contratos “a dedo”
Según los antecedentes entregados por el Ejecutivo, la auditoría interna arrojó anomalías calificadas como “gravísimas”. El primer hito apunta al pago de 14 mil millones de pesos por raciones de alimento y onces que jamás llegaron a los escolares, situación que se habría concentrado en tres unidades territoriales de la región de O’Higgins.
El director de la Junaeb, Fernando Peña, detalló que se detectaron “pagos por onces que no se entregaron (…) y modificaciones de contrato sin toma de razones, circunstancia que se debió haber hecho en el año 2022 y 2023, que es lo que permite y facilita finalmente que se realicen estos pagos”. Dicho servicio fue contratado de manera directa con la empresa Soser.
El segundo flanco de la denuncia involucra a un exasesor jurídico de la institución, quien ingresó en 2018 y se mantuvo hasta 2022.
De acuerdo al libelo, este funcionario habría visado y modificado contratos para aumentar los montos por unidad de las raciones sin contar con la supervisión ni el visado obligatorio de la Contraloría, beneficiando directamente a empresas privadas. Tras dejar el aparato público en 2022, el aludido pasó a desempeñar funciones gerenciales estratégicas en la misma empresa Soser, lo que fundaría la presunción de un delito.
Director de Junaeb acusa que la administración anterior le “ocultó información” a la Contraloría
El actual Director de Junaeb, Fernando Peña, señaló que entregaron los antecedentes también a la Contraloría General de la República (CGR) y al Consejo de Defensa del Estado.
Peña abordó las observaciones que la Contraloría hizo a la entidad —las cuales Junaeb corrigió posteriormente tras la auditoría—, acusó que la administración anterior “le ocultó información” al organismo fiscalizador, asegurando tener “pruebas de eso”.
Asimismo, descartó las declaraciones de Camila Rubio, que sostenían que esta polémica busca “tapar y soslayar” los recortes en el presupuesto que el Gobierno busca aplicar en el Ministerio de Educación y, por ende, en la Junaeb.
“El Presidente me pidió investigar y llegar a la verdad de esto, sea cual sea la consecuencia y caiga quien caiga. Estoy dedicado y concentrado en seguir investigando, en dar a conocer los hallazgos que responsablemente podamos construir y, luego de eso, buscar las responsabilidades e informar a los órganos de fiscalización y de persecución. Ninguna advertencia y ningún fraseo me va a amedrentar“, sostuvo.
Respecto a que la licitación indagada se realizó durante el período de Gobierno de Sebastián Piñera, en 2021, explicó que “la investigación abarca desde la licitación, por lo tanto esperamos resultados y hallazgos en un amplio espectro, sin perjuicio de que tenemos muy bien periciado que el daño patrimonial estuvo concentrado entre 2022 y 2023, que es cuando se hacen las modificaciones de contrato”.
Por último, negó lo declarado por Rubio sobre que la administración anterior intentó corregir dicha licitación: “No hubo ninguna intención de corregir. Lo que dice Camila Rubio es falso. En su gestión se modificó el contrato con Soser, se aumentaron los valores de las raciones y la asignación de las raciones, y fue donde se produjo el mayor gasto por estos pagos de onces que nunca se entregaron”.
Agregó que fue la exdirectora quien “realizó esas modificaciones de contrato a través de resoluciones exentas sin consultar a la Contraloría en circunstancias de que su deber como jefa de servicio era hacer el control de legalidad. La pregunta es por qué razón se le oculta esa maniobra a Contraloría”.
