Este lunes el Gobierno informó que detectó alertas de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones correspondientes al período de la era Boric. (Verónica Reyes y Franco López – BioBioChile).
Con ello, se instruyó abrir investigaciones a cuatro organismos públicos: Junaeb, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la ANID.
Tras el trabajo liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, señaló que descubrieron “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”.
En la auditoría se analizaron más de 913 millones de datos correspondientes al período 2022-2026, provenientes de más de 500 servicios públicos.
Avances de la “auditoría total” al Gobierno
A partir de este proceso, remarcó el Ejecutivo en un comunicado, “se detectaron alertas y situaciones que involucran recursos públicos por más de 9.200 millones de dólares”.
Respecto a los tipos de hallazgo, Castillo reveló que se tratan de diversas situaciones: desde errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control o ineficiencias hasta en algunos casos específicos, “antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”, recalcaron desde el Gobierno.
Entre las debilidades estructurales detectadas, se señalaron rendiciones bajas respecto de lo efectivamente pagado; entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro de Central de Colaboradores del Estado, compras ágiles repetidas al mismo proveedor el mismo día, hitos contractuales incumplidos, subejecución presupuestaria superior al 30%, licencias médicas sin recuperación del subsidio y concursos públicos desiertos.
Pagos postergados y tratos directos
Ahondando en los descubrimientos de la auditoría, se incluyó en la presentación la existencia de US$3.200 millones en pagos postergados, equivalente en aproximadamente un 1% del PIB.
Entre los principales programas y beneficios involucrados, se revelaron US$268 millones a 9.986 pymes proveedoras del Estado; US$400 millones en gratuidad universitaria, US$650 millones a la Junaeb y US$1.000 millones a proveedores de atención de salud.
Otro punto fueron los US$3.170 millones por Trato Directo o Compra Ágil “en casos donde existían condiciones para efectuar licitaciones públicas u otras formas planificadas de compras”, con un costo estimado de US$760 millones.
Por el lado del trato directo, el organismo con mayores cifras cuestionadas fue la Cenabast (US$700 millones), seguido del Registro Civil (US$350 millones) y el Servicio de Salud Sur (US$56 millones). Junab y el Hospital de Puerto Montt anotaron otros montos por US$50 y US$44 millones, respectivamente.
Por otro lado, respecto a la concentración de operaciones de Compra Ágil se mencionó al Hospital Clínico Metropolitano La Florida (US$24 millones); el Hospital de Puerto Montt (US$ 16 millones Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar (US$12 millones) y el Hospital Regional de Iquique (US$9 millones).
