Audios filtrados revelan una presunta red internacional que involucra a Estados Unidos, Israel y Honduras para desestabilizar gobiernos progresistas en Latinoamérica, combinando desinformación, presión institucional y amenazas de violencia. (Javier Pérez; DiarioUdeChile.cl)
“Si hay que matar a la gente para nosotros poder estar tranquilos, se va a hacer”. Esta declaración es parte de lo que el exPresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, decía en los audios filtrados por el medio Canal Red y que exponen una trama que mezcla, injerencia internacional y corrupción destinada a socavar a gobiernos y movimientos de izquierda en América Latina.
“Si hay que regresar a la represión para controlar el país, se va a hacer. Hay que hacer todo lo que tengamos en las manos posibles para no volver a soltar el poder. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitás oprimirla, exprimirla, (…) luego culpamos de todo a los comunistas”, declaró Hernández.
Frases de una crudeza que comienzan a delinearse una de las investigaciones más delicadas de los últimos años en América Latina.
Los audios filtrados develan una presunta red internacional que involucraría a Estados Unidos, Israel y actores políticos hondureños, con un objetivo claro: desarticular y desacreditar a gobiernos y movimientos progresistas en la región.
Juan Orlando Hernández, ex Presidente de Honduras, en un evento organizado junto a la embajada israelí en 2021. Vía X@JuanOrlandoH.
De presidente a narco, de narco a eje central de un boicot internacional de ultraderecha
En el centro de esta trama aparece el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022. Condenado en 2024 a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa y figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sin embargo, Hernández fue sorpresivamente indultado a fines de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump. Una decisión que en su momento generó desconcierto, pero que hoy, a la luz de estas filtraciones, adquiere un nuevo significado.
En los audios, Hernández no solo reconoce su rol activo en esta operación, sino que además sugiere que su liberación fue resultado de una negociación política de alto nivel. “El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes, salió de una junta de rabinos. El primer ministro de Israel tuvo todo que ver con mi salida”, afirmó en una de las grabaciones, que apuntan directamente al entorno de Benjamín Netanyahu.
Pero el indulto sería solo el punto de partida. Según la investigación, Hernández habría asumido el rol de operador regional de una estrategia más amplia, orientada a intervenir políticamente en América Latina. Los primeros objetivos identificados serían México y Colombia, con campañas diseñadas para erosionar la imagen de los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, ambos rostros del progresismo y la izquierda latinoamericana.
Una de las herramientas centrales de esta ofensiva sería la creación de una estructura de desinformación. En los audios, Hernández detalla la instalación de una “unidad de periodismo digital” financiada con recursos que no quedan del todo claros, pero que incluirían aportes desde Honduras y desde el extranjero. “Vamos a montar un sitio de noticias latinoamericanas (…) desde Estados Unidos, para que no nos rastreen (…) se vienen expedientes contra México, contra Colombia”, explicó, describiendo una operación pensada para operar fuera del alcance institucional.
En esa misma línea, se menciona incluso la participación del presidente argentino Javier Milei, quien —según las propias palabras de Hernández— habría comprometido 350 mil dólares para esta operación. “Hablamos con Milei (…) está apoyando. Podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica”, señaló y dio cuenta de una articulación política que excede ampliamente las fronteras hondureñas.
La hoja de ruta para transformar a Honduras en la base de EE.UU. en Latam
Los audios también delinean una hoja de ruta para transformar a Honduras en un enclave estratégico al servicio de intereses estadounidenses e israelíes.
Entre las medidas que se barajan aparece la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, conocidas como ZEDES, territorios con regímenes jurídicos especiales que han sido cuestionados por implicar una cesión de facto de soberanía. A esto se suma la eventual construcción de una nueva base militar, proyectos de infraestructura como un canal interoceánico y legislación favorable a empresas tecnológicas estadounidenses.
Todo esto se enmarca en una lógica geopolítica más amplia. Según se desprende de la investigación, el objetivo sería reforzar la presencia de Estados Unidos en la región frente al avance de otras potencias, particularmente China, asegurando control territorial, logístico y político en un punto clave de Centroamérica.
En paralelo, los audios también revelan una estrategia de control institucional. Hernández aparece coordinando acciones con figuras del poder político hondureño para remover obstáculos judiciales y consolidar condiciones que faciliten su retorno al poder.
Se mencionan destituciones, presiones y maniobras para neutralizar a actores que podrían investigar o frenar estas operaciones. Este lawfare, busca usar el aparato judicial como una herramienta para eliminar adversarios. Uno que ya estaría operando luego de que hace unas semanas el congreso destituyera a miembros del consejo y tribunal electoral, así como al fiscal general Johel Zelaya y la renuncia bajo coacción de la Presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando.
Aquí es donde reaparecen las frases más inquietantes de las filtraciones. En otras grabaciones, se escucha la coordinación con actores militares para “empezar la cacería”, en una referencia que remite a prácticas represivas del pasado hondureño. La mención incluso de figuras como Pablo Escobar como referencia operativa da cuenta del nivel de radicalidad presente en estas conversaciones.
El plan también contempla una dimensión cultural e ideológica. Según los audios, se buscaría moldear el “sentido común” de la población a través de campañas mediáticas, pero también mediante la movilización de sectores religiosos.
En un país donde el peso de las iglesias evangélicas es significativo, estas estructuras aparecen como un actor clave en la construcción de legitimidad y en la articulación de protestas contra gobiernos progresistas.
La condena internacional
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sin referirse directamente al caso, denunció la existencia de redes de desinformación impulsadas por sectores de derecha internacional para atacar proyectos políticos en la región. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro fue más explícito y señaló que estas operaciones reflejan el funcionamiento de una “extrema derecha comunicacional”, emplazó al Primer Ministro Israelí en redes “¿Que razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar un gran narcotraficante, expresidente de Honduras, solo con el fin de destruir el gobierno de Colombia y México?”.
Lo que emerge de este conjunto de filtraciones es, en definitiva, un esquema complejo que combina desinformación, presión institucional, financiamiento opaco y, según los propios audios, la disposición a utilizar la violencia para sostener el poder. Honduras aparece así no solo como el escenario de esta operación, sino como una pieza clave dentro de un tablero geopolítico mayor.
En ese sentido, el caso trasciende las fronteras hondureñas y abre interrogantes más amplias sobre el funcionamiento de las democracias en la región, el rol de los actores internacionales y los límites entre política, seguridad y crimen organizado. La posibilidad de que un expresidente condenado por narcotráfico retome influencia política con respaldo externo tensiona no solo el sistema institucional de su país, sino también el equilibrio regional.
Por ahora, las autoridades hondureñas no han anunciado investigaciones de fondo sobre estas filtraciones, mientras crece la presión para esclarecer su contenido y determinar responsabilidades.
Lo que está en juego es el límite donde la soberanía, la legalidad y la voluntad popular quedan subordinadas a intereses geopolíticos y económicos que operan más allá de las fronteras nacionales. Y es precisamente ahí donde esa frase inicial —la que habla de matar para sostener el control— deja de ser solo una declaración extrema, para convertirse en una advertencia concreta sobre los riesgos que enfrenta hoy la democracia en América Latina.
