La abogada Carla Fernández, quien representa a condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco y Colina I, aseguró que colaboró en la redacción del polémico proyecto impulsado por el senador de RN Francisco Chahuán, que propone permitir el cumplimiento alternativo de penas para reos geriátricos.
En conversación con BioBioChile, la jurista afirmó que la iniciativa surgió tras ser contactada por asesores del parlamentario, quienes le pidieron apoyo técnico para elaborar el texto.
“Colaboré con la redacción de este proyecto”, señaló Fernández, agregando que la idea no provino de sus representados. “No surge de mis defendidos. Honestamente, no hay ningún tipo de instrucción de parte de ninguna de las personas que defiendo”, afirmó.
BioBioChile se contactó con el equipo del senador Chahuán para intentar tener su versión respecto del origen de su proyecto, sin obtener respuesta hasta el momento.
Contacto con asesores del senador Chahuán
La abogada detalló que el acercamiento inicial no fue directo con el senador. “No me lo pidió directamente. Creo que fue un grupo de asesores de parte de él, y obviamente tenía que estar enfocado netamente en el punto de vista humanitario”, explicó.
Posteriormente, relató que sí sostuvo encuentros con el legislador y que incluso expuso en el Congreso sobre la situación penitenciaria.
“Yo tuve contacto directo con el senador Chahuán… después me reuní con él un par de veces y me tocó exponer en el Congreso”, afirmó Fernández.
Según explicó, el texto se construyó en base a antecedentes jurídicos y experiencias de litigación. “El proyecto son extractos de sentencias mías, algunas cosas que he escrito y que solamente muestran la realidad carcelaria del país”, sostuvo.
Defensa del proyecto y críticas a su interpretación
Fernández también cuestionó algunas críticas que han surgido contra la iniciativa, que según detractores podría permitir la liberación de delincuentes condenados por delitos graves.
“Es falso que 12 mil personas quedarían libres apenas se apruebe este proyecto”, afirmó, señalando que cualquier eventual beneficio debería ser solicitado caso a caso ante un tribunal.
“Esto no es un indulto y tampoco es un indulto camuflado. Esto es un cumplimiento alternativo de pena para una población penal vulnerable”, indicó.
