Entre las irregularidades detectadas por el ente contralor destacan contratos para acciones que no se efectuaron, saldos pendientes de rendir y contratos para la gestión de redes sociales.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en diversos gobiernos regionales.
En concreto, el ente contralor auditó los gastos y transferencias otorgados por los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes entre enero y septiembre de 2024. El propósito fue verificar que cada entrega de recursos al sector privado cumpliera con la normativa y no incluyera actividades de campaña electoral ni publicidad asociada a partidos políticos.
Se analizaron las transferencias efectuadas por cada GORE, comprobando que no existiera conflicto de intereses y que el uso de los fondos se ajustara estrictamente a las multas autorizadas. Además, se revisó que los recursos humanos, físicos y tecnológicos, así como los vehículos, dependencias y corporaciones regionales, se emplearán exclusivamente en trabajos vinculados a sus funciones institucionales y no en acciones de carácter político o electoral.
Región Metropolitana
En el caso del Gobierno Regional de la RM, la CGR dio cuenta de que durante 2024 dicha entidad pagó $31.366.179 por la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024” .
De la revisión se constató que las sesiones no se relacionaban con contenido asociado a coaching, como lo señalaba la descripción original, sino que aludían explícitamente a temáticas, riesgos y acciones vinculadas a la contingencia política ya la campaña electoral del gobernador regional para su reelección.
Por tanto, el organismo iniciará un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público para su conocimiento y multas pertinentes.
Además, se evidencia la adquisición de bienes y servicios de consumo mediante trato directo por un total de $51.753.665 , sin acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma.
Asimismo, se advirtió la contratación de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture SA Agencia en Chile por $46.154.150 , de la cual la entidad no aportó antecedentes que demuestren el cumplimiento de las condiciones contratadas.
También se corroboró la contratación directa de AJEM Asesores y Consultores Limitada por $109.302.180, sin acreditar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad del proveedor. Todos estos datos se incorporarán al sumario administrativo IF N° 873 de 2025.
Tarapacá
En esta institución no se mantiene un análisis de las transferencias pendientes de rendición pactadas en diversas cuentas contables, incumpliendo con la transparencia de la información financiera. También se observaron gastos improcedentes derivados de dos contrataciones a honorarios por la suma de $7.781.253.
Asimismo, se detectó el mal uso de las redes institucionales del GORE para potenciar la red personal de candidatos en tiempo de elección, “lo que resulta ajeno a las funciones propias de la entidad pública”.
La CGR instruyó un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas (IF N° 953 de 2024).
Antofagasta
En esta gobernación, la auditoría identificó que mantiene un saldo pendiente de rendir por parte de los organismos receptores de recursos públicos de $4.202.867.306 , “situación que deja en manifiesta la falta de adopción de medidas por parte de la entidad para requerir las rendiciones de fondos que datan de al menos el año 2021”.
También se evidencia que, al 30 de septiembre de 2024, la institución mantiene montos observados, solicitados a reintegrar o rechazados a las entidades receptoras de recursos por un total de $4.856.481.471 .
“Situación que deja en manifiesta la falta de resguardo de los recursos públicos que se entregan a instituciones privadas”, destacó el informe.
Además, se constataron irregularidades en las bitácoras de vehículos fiscales; mal uso de las redes institucionales; y la contratación de prestaciones de servicios a honorarios para tareas correspondientes a trabajos habituales y propios de las gestiones de la entidad. (IF N°810 de 2024).
La Araucanía
El organismo detectó que el Gore de La Araucanía contrató a la empresa Ananda Comunicaciones SpA para los servicios de “Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital”, pagando un total de $49.980.000 . De la revisión se advierte que dicho servicio incluía una evaluación ciudadana de la figura del Gobernador Regional. Esta situación “no se ajusta al principio de probidad, por lo que la CGR formulará el reparo por el total del dinero audido” (IF N° 927 de 2024).
Además, la entidad contrató, mediante trato directo injustificado, a la Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA por un monto de $69.537.672 “sin la debida justificación de dicho valor”.
La CGR también detectó que se autorizó, también por trato directo, a la firma de abogados Asesorías Silva y Compañía Limitada por la suma total de 400 UF para la defensa de intereses institucionales asociados a transferencias de servicios a determinadas fundaciones. De los cuatro informes que debía entregar esa empresa como parte de sus obligaciones, a la fecha solo se ha cancelado la primera cuota, correspondiente a la entrega del primer informe, “sin que se hayan establecido multas por atraso en los plazos establecidos”.
Todos estos datos se incorporarán al sumario administrativo IF N° 927 de 2024, con el fin de aclarar responsabilidades y posibles sanciones administrativas.
Los Ríos
En esta gobernación, la CGR reportó un saldo pendiente de rendición de cuentas por $8.651.017.491 correspondiente a recursos transferidos al sector público.
“Los recursos de años anteriores a 2024 se componen de 201 registros por un monto de $8.593.127.491 , algunos de los cuales datan desde 2015. El GORE deberá ajustar sus procedimientos de control y resguardo de los aportes transferidos al sector público”, consignó el ente contralor.
Asimismo, se detectó un saldo de $7.940.628.576 por concepto de recursos transferidos como anticipados, pendientes de rendición de cuentas. Por tanto, “el Gobierno Regional de Los Ríos deberá iniciar un sumario para determinar eventuales responsabilidades funcionarias por falta de control”.
Por otro lado, la auditoría determinó que 162 pagos de viáticos correspondientes a 17 funcionarios —por un total de $5.588.059— estaban directamente vinculados a sus trabajos habituales, sin que existiera justificación adicional. Además, el organismo identificó el mal uso de vehículos fiscales, por lo que instruirá una investigación sumaria para determinar posibles responsabilidades administrativas. (IF N° 897 de 2024)
