La auditoría, ya remitida al Ministerio Público, revela una gestión marcada por el desorden contable, presunto nepotismo y el incumplimiento de normas básicas de probidad, lo que ha llevado a la apertura de sumarios internos y la solicitud de fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación Superior.
(CNNChile.com).- La Universidad del Bío-Bío (UBB), una de las principales casas de estudios públicos del sur de Chile, enfrenta una profunda crisis institucional tras la publicación de un contundente informe de la Contraloría General de la República, que revela irregularidades financieras y administrativas cometidas entre 2020 y 2023.
El documento, de 99 páginas, fue aprobado el 29 de mayo de 2025 y ya fue remitido al Ministerio Público.
La investigación surgió a raíz de denuncias anónimas y una formal del diputado Sergio Bobadilla, en medio de preocupaciones por una posible crisis financiera estructural en la universidad estatal.
Los detalles de la fiscalización
Entre los hallazgos más graves, el organismo fiscalizador identificó una deuda de más de $6.800 millones que la universidad mantiene con el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), por anticipados que no fueron restituidos .
Además, en 2023, la institución no transfirió $191 millones recaudados desde pagos realizados por exalumnos, incumpliendo sus obligaciones contables y afectando la disponibilidad de estos fondos públicos.
El informe también reveló que la UBB utilizó, de forma impropia, $3.000 millones provenientes de programas estatales de fortalecimiento de la educación superior para cubrir sueldos del personal, una práctica que vulnera el principio de legalidad en el gasto público.
Aunque estos fondos fueron reintegrados posteriormente, Contraloría fue enfática en calificar este uso como “improcedente”.
Contrataciones bajo sospecha: parentescos y conflictos de interés
El informe ahondó en prácticas administrativas que involucran conflictos de intereses y posibles actos de nepotismo.
Además, se identifican pagos por más de $33 millones fuera de la plataforma Mercado Público, sin documentación que justifique esta omisión, en directa infracción a la Ley de Compras Públicas.
Además, la universidad habría contratado a dos empresas cuyos socios tienen vínculos de parentesco con altos directivos de la UBB, y en uno de los casos, incluso, un director universitario figura como socio de la empresa beneficiada.
En otro caso, un funcionario habría contratado a una persona con la que comparte sociedad en una inmobiliaria.
Durante 2023, también se detectó la contratación a honorarios de nueve personas con lazos familiares directos con funcionarios en cargos de dirección, lo que contraviene lo estipulado en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
Los involucrados presentaron declaraciones juradas en las que negaban estar afectos a inhabilidades, pero el informe exige a la universidad reforzar sus mecanismos de control.
Reacciones e investigaciones en curso
Frente al impacto del informe, la UBB emitió un comunicado señalando que asumirá la deuda con la FSCU y que iniciará sumarios administrativos para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Agregó que la deuda mencionada es de carácter estructural y común a otras universidades del sistema público, destacado que la casa de estudio lleva más de 10 años en esta situación, aunque reconoció que el monto ha disminuido en el último año gracias a medidas adoptadas por la actual rectoría.
Por su parte, la Contraloría Regional del Biobío instruyó a la universidad remitir el acto administrativo que inicie un sumario en un plazo de 15 días hábiles y exigió a la Superintendencia de Educación Superior para realizar fiscalizaciones sobre el uso de fondos públicos y la deuda con la FSCU en un plazo de 60 días.
“Desorden contable y falta de probidad”
En su conclusión, la Contraloría advirtió que la UBB no dio cumplimiento efectivo a su deber de reportar la utilización de recursos públicos, lo que impidió fiscalizar correctamente el destino de millones de pesos transferidos por el Estado.
El informe alude a una estructura de gestión debilitada, con prácticas administrativas discrecionales y alejadas de los principios básicos de la administración pública.
