«No podemos permitir que la burocracia siga frenando procedimientos que pueden salvar vidas», afirmó la legisladora.

La diputada Natalia Romero (independiente, bancada UDI) hizo un llamado urgente a retomar la tramitación de un proyecto de ley que presentó en 2022, una iniciativa que busca permitir que las policías accedan a la georreferenciación de dispositivos móviles sin necesidad de autorización judicial cuando se interponga una denuncia por presunta desgracia.

Esto a raíz del caso de Francisca Bolvarán, quien denunció la misteriosa desaparición de su esposo, Cristopher Flores, de 36 años, en Rancagua, Región de O’Higgins. Según relató la mujer, la última vez que tuvo contacto con él fue la madrugada del sábado 11 de enero, y desde entonces no ha tenido ninguna noticia sobre su paradero.

Según detalló, Cristopher trabaja hace dos meses en la minera El Teniente bajo el sistema de turno 8×6, por lo que reside temporalmente en Rancagua. Sin embargo, su hogar permanente está en Los Andes. La afectada además indicó que su esposo no conoce bien la zona, no tiene amigos cercanos y que es un hombre introvertido, sin vicios ni problemas de salud.

En este contexto, la parlamentaria retiró su llamado a aprobar el proyecto que propone la geolocalización inmediata: «Las primeras horas son cruciales en la búsqueda de una persona desaparecida. No podemos permitir que la burocracia siga frenando procedimientos que pueden salvar vidas».

La diputada Romero recordó que este proyecto surgió tras el caso de Mauricio Rojas, joven de Graneros cuyo cuerpo fue hallado dos meses después de desaparecer, junto a su celular. En ese entonces, la empresa telefónica tardó casi 20 días en entregar la ubicación del dispositivo.

Actualmente, la Ley 21.500 permite a la Fiscalía solicitar la última ubicación del teléfono de una persona desaparecida, pero requiere autorización de un juez de garantía, lo que retrasa las diligencias. La propuesta de la congresista busca que la información sea entregada en un plazo máximo de cinco horas desde la denuncia.

«Estamos hablando de vidas humanas. No podemos seguir esperando. Casos como el de Cristopher Flores demuestran la urgencia de agilizar estos procesos. Hago un llamado al Gobierno y al Congreso a priorizar este proyecto y avanzar con responsabilidad y celeridad», concluyó la diputada.