Una licitación realizada por Codelco habría incurrido en una serie de irregularidades. En la querella, que ya fue acogida a trámite, se apuntó que «a sabiendas», trabajadores y/o ejecutivos de la estatal «contrataron servicios no utilizados totalmente en condiciones extremadamente gravosas para la empresa pública».

A través de una querella, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acusó una serie de hechos irregulares que habrían ocurrido al interior de Codelco y que, junto con defraudar al Fisco, habrían generado un daño patrimonial a la estatal que ascendería a $12.800 millones.

La acción legal, que ya fue acogida a trámite por el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, afirmó que en el contexto de una mantención de un horno ubicado en la División Chuquicamata, se le adjudicó ese trabajo a una empresa llamada Outotec Chile, en 2017.

A esa empresa, afirmó la querella, se le transfirieron pagos injustificados y elevados.

Según se detalló, y mediante una licitación para realizar las labores de mantención y limpieza del horno, dicha firma logró avanzar por sobre otras dos que participaron: el servicio tuvo un costo de $8.429.340.874 y se estimó un tiempo de cuatro meses para que ejecutara las labores.

Las irregularidades

La querella radicó por los detalles que alertó una auditoría realizada por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

En ella se apuntó que la licitación no tuvo total transparencia y que se “modificó la fecha de recepción de las ofertas por el gestor del proceso sin notificar a los oferentes, lo cual favoreció a la empresa Outotec, pues permitió que pudiese cargar su oferta en el portal fuera de plazo”.

Tras relatar una serie de procedimientos, la querella sostuvo que en el contexto de la administración y ejecución del contrato, “se verificaron múltiples situaciones de relevancia penal, como la contratación de la más onerosa de las opciones disponibles, sin causa justificada”.

Asimismo, se cuestionó “la no realización de descuentos proporcionales por los servicios no prestados por la empresa adjudicataria; la no imposición de multas por retrasos e incumplimientos en aplicación de las respectivas cláusulas contractuales, entre otras”.

Y por concepto de multas (contra los incumplimientos de la empresa que se adjudicó la licitación), citó que la auditoría realizada por Cochilco señaló que Codelco “debió haber cobrado $2.134.513.703”.

El informe de fiscalización cifró el detrimento económico para Codelco, producto de las fallas y desviaciones originadas en la prestación del servicio
contratado, en $12.802.921.349.

“Conductas dolosas”

Los hechos, se acusó en la querella, darían cuenta de “todo un entramado de conductas dolosas (…)” por parte de la minera estatal y de una “disposición del patrimonio fiscal económicamente ineficiente ―y evidentemente gravosa―, la cual es producida por una infracción dolosa de deberes funcionarios por parte de trabajadores y/o ejecutivos de Codelco“.

Se aludió a que esos trabajadores y/o ejecutivos, “a sabiendas, contrataron servicios no utilizados totalmente en condiciones extremadamente gravosas para la empresa pública”.

Conforme a los antecedentes -y la forma, montos y contrato involucrado- la querella apuntó que la defraudación pudo ser efectuada “por un funcionario que interviene en la respectiva operación en razón de su cargo, cuestión que importa que el injusto se corresponda con un menoscabo patrimonial ocasionado desde el interior de la administración pública”.

Por lo anterior, la acción judicial solicitó que se interponga una querella criminal “en contra de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito consumado de fraude al Fisco (…)”.