El informe, que consta de 20 páginas, también incluyó observaciones en contra de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, el Jefe de Asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, y la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas.

La Comisión Investigadora por el denominado Caso Convenios llevó a cabo su última sesión este lunes, donde se discutió y votó el informe relacionado con la malversación de fondos públicos.

La instancia aprobó, con ocho votos a favor y cinco en contra, la misiva final que recopiló información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

En los puntos del informe, se hicieron observaciones a la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, al titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, al Jefe de Asesores de la Presidencia y exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y a la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas.

El informe, que consta de 20 páginas, detalla los aspectos del caso y también incluye una serie de propuestas para mejorar, tanto las deficiencias desde el punto de vista institucional, como las “acciones a ejecutar por parte del Presidente de la República“, las cuales se deberían instruir a todos los órganos de la administración pública.

Detalles del informe contra el ministro Carlos Montes

El informe de la comisión detalló que el ministro Carlos Montes “o bien no conocía una situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios”, y aunque como comisión “no vemos motivos para cuestionar la verdad del Ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su Cartera“.

Sin embargo, aseguraron que “el ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización”.

Finalmente, explicaron que esta omisión constituye una “reprochable inobservancia, lo que derivó en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos“.