Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó hoy el articulado asociado a la tributación de esta industria tecnológica y los recursos fiscales asociados a esta regulación. Las PAL advierten que junto con la aprobación del ´cooling off´ se favorece exclusivamente a los casinos físicos y la Polla, restringiendo la competencia y afectando a actores que brindan un servicio de alta calidad y seguridad. “Aprobar una carga tributaria de 38% fomenta un mercado negro, perjudicando a los usuarios de las plataformas en línea”, señalaron.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas despachó hoy el proyecto de ley que busca regular el desarrollo de las plataformas de Apuestas en Línea (PAL) a votación general en Sala, tras aprobar hoy el articulado asociado a la tributación de esta industria tecnológica y los recursos fiscales asociados a esta nueva regulación.

Para el abogado Carlos Baeza, abogado asesor de Betsson, Betano, BetWarrior, Coolbet y Latamwin, preocupa la aprobación de una carga impositiva del 38% ya que Chile sería uno de los países con la estructura tributaria para las PAL más alta del mundo, (Holanda 29%, Dinamarca 28%, España 20%, Reino Unido 18%, Colombia 16%, Perú 12%), lo que genera una menor “canalización”, concepto que describe el traspaso de los usuarios desde un mercado no regulado a uno regulado, un desincentivo para generar operaciones en el país y por ende una menor recaudación fiscal.

Además se aprobó el cooling off, un período en que los actuales operadores no podrán participar del mercado regulado, beneficiando así a los casinos físicos, la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción. Baeza señaló que “este diseño regulatorio propuesto por los casinos físicos y Polla afecta directamente a los usuarios, porque al atentar contra la libre competencia e impedir el acceso a actores que hoy entregan un servicio de clase mundial y que cumplirían con todos los requisitos para operar en el periodo transitorio, se les reduce una oferta donde se resguarda la seguridad de los usuarios y cuyos procesos están certificados por estándares internacionales”.

Baeza puntualizó que “es imprescindible que la futura normativa ponga en primer lugar el interés de los usuarios, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en más del 70% de los países OCDE, que han optado por potenciar la creación de un mercado competitivo, al igual que se ha hecho en otros países, como Canadá, EEUU y Colombia”, agregó Baeza.