El gobierno confirmó que recurrirá a la Corte Suprema tras la decisión del juez del Juzgado de Garantía de Arica, luego de que ordenara entregar el listado de testigos protegidos en el caso «Los Gallegos». Desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados señalaron que la medida «es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país».

El viernes el gobierno confirmó que recurrirá a la Corte Suprema tras la decisión del juez del Juzgado de Garantía de Arica, luego de que ordenara entregar el listado de testigos protegidos en el caso “Los Gallegos“, una célula operativa en Chile de la organización de crimen organizado Tren de Aragua.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados cuestionó la decisión del Ejecutivo ante el máximo tribunal que busca evaluar la conducta del juez Héctor Barraza.

Al respecto, la presidenta del gremio, la jueza Mariela Hernández, aseguró que como organización “creemos que la decisión del Gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país“.

Esto, de acuerdo a Hernández, porque lo que pretende hacer esa solicitud es “atacar una resolución judicial susceptible de ser recurrida como ocurrió en la especia“.

“Como asociación, no podemos calificar una decisión jurisdiccional, ni menos referirnos a las acciones del Ministerio Público”, agregó.

Finalmente, concluyó que “como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial”.