La representante de O’Higgins explicó que la iniciativa busca sacar del país a quienes cometieron robos, hurtos, lesiones, tráfico y otros delitos simples, considerando que el Estado gasta más de $720 mil al mes por cada interno.
Producto de la constante y masiva llegada de migrantes en forma irregular a Chile, de los cuales un porcentaje se ha dedicado a delinquir en el país, provocando un incremento en la sensación de inseguridad en la población, la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, presentó esta semana tres proyectos de ley que buscan facilitar la expulsión de los extranjeros que actualmente se encuentran privados de libertad, lo que además ayudaría a disminuir los altos niveles de hacinamiento que se viven al interior de los recintos penales.
Al respecto, la parlamentaria explicó que la primera iniciativa – y que solicitarán poner en tabla durante los próximos días – busca imponer al Presidente el deber de decretar, en un plazo máximo de 60 días, la expulsión inmediata de todos los migrantes que estén condenados por los delitos de robo, hurto o tráfico (Ley 20.000), recordando que ya para el año 2017 el gasto que realizaba el Estado por cada interno superaba los $720.000 mensuales.
“Estamos viviendo una situación límite en materia de migración. El propio Ministerio Público dio cuenta que entre 2016 y 2020 aumentaron en un 355% los extranjeros imputados en nuestro país, y eso se está trasladando a la sensación de inseguridad que tienen los chilenos y chilenas. Por eso el Gobierno debe dejar de lado su pasividad y tomar acciones concretas, partiendo por expulsar del país a todos los delincuentes condenados por delitos que no sean de sangre, en un plazo máximo de 60 días desde aprobado el proyecto”, señaló Romero, quien agregó que la medida “nos permitirá descongestionar las cárceles y evitar que sigan delinquiendo desde su interior”.
En esa línea, la representante del Distrito 15 detalló que las otros dos iniciativas consisten en aumentar el catálogo de delitos por los cuales pueden ser deportados los extranjeros condenados por la justicia, de manera de incluir a quienes han cometido, por ejemplo, hurtos, robo, lesiones, tráfico, entre otros, sin importar que tengan un permiso de residencia. Asimismo, explicó que la tercera iniciativa busca que en los casos donde un extranjero sea condenado por los delitos establecidos en la Ley 20.000, el tribunal estará obligado a sustituir el cumplimiento de la pena por la expulsión del país, negando que puedan reingresar dentro de los próximos 20 años.
“Nuestro principal objetivo es descongestionar inmediatamente las cárceles de nuestro país y expulsar a quienes han venido sólo con el objetivo de delinquir. Con los impuestos que pagan todos los chilenos y chilenas no podemos estar subvencionando la estadía de los delincuentes. Por eso presentamos estos tres proyectos, porque queremos establecer que cualquier delito que cometan y no sea de sangre, deberán cumplir la condena fuera de Chile”, insistió la representante de O’Higgins, quien finalmente llamó al Gobierno a patrocinar las distintas iniciativas legales.
