Juan Ramón Godoy, alcalde de Rancagua, denunció que en la administración anterior se hicieron compras por trato directo por casi $1.400 millones. Según el jefe comunal, estas operaciones fueron «sin cotizaciones adicionales y sin mediar ningún proceso de análisis o comparación entre distintos oferentes». Por ende, pidió a Contraloría que investigue si existieron sobre precios o conflictos de interés.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, denunció a Contraloría que se habrían realizado compras por trato directo de casi $1.400 millones durante los dos últimos años de la administración anterior, liderada por Eduardo Soto.

“Se realizaron compras de manera directa a cinco empresas, sin cotizaciones adicionales y sin mediar ningún proceso de análisis o comparación entre distintos oferentes. Estimamos que los hechos son gravísimos y que deben ser investigados a fondo por los organismos correspondientes”, señaló el jefe comunal.

En concreto, la denuncia es contra el exalcalde Soto y el exgerente general de la Corporación Municipal, César Ríos, por vulneración al principio de probidad administrativa.

Lo anterior, ya que se habrían identificado contrataciones directas sin justificación, por la suma de $1.399.179.744, ocurridas entre los años 2020 y julio de 2021.

De acuerdo al escrito presentado, bajo la administración de éstos era una práctica habitual la contratación directa con distintos proveedores “sin motivación ni justificación, necesidad y, al margen de toda razonabilidad, repitiéndose en muchas ocasiones los mismos proveedores”.

Además, “excluyéndose de manera arbitraria, la contradicción entre distintas ofertas para buscar con ello la oferta más ventajosa. (…) De la revisión de los antecedentes, no consta la existencia de alguna resolución o acto de autoridad que señale los motivos que justifiquen las contrataciones denunciadas”.

Por esta razón, el alcalde Juan Ramón Godoy solicita establecer las responsabilidades pertinentes y determinar si existieron sobre precios en estas contrataciones, algún conflicto de interés y pronunciarse sobre la legalidad de la forma de contratación realizada.

Finalmente, sostuvo que, para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, “hemos firmado un decreto para regular las contrataciones directas, que rige desde el pasado 3 de enero y que prohíbe celebrar cualquier tipo de contrato superior a $10 millones de pesos, de manera directa”.