El parlamentario recalcó que esto podría constituir «una grave falta» y «obstrucción a la justicia», en la medida que la máxima autoridad del Ejecutivo le deja el camino pavimentado a quienes quieren provocar una alteración del orden público, omitiendo toda sanción porque querían aprobar una ley.

El diputado socialista y senador electo por la región de O’Higgins, Dr. Juan Luis Castro, planteó que frente a la grave información difundida por un medio de comunicación, en el que los camioneros aseguran que el Gobierno de Piñera les pidió paralizar el 2020, para aprobar Ley Barrios, queda de manifiesto una «connivencia» entre el Presidente de la República y el Ministro del Interior, con los camioneros, para aprobar despachar dicha ley.

«Ante esto, emplazamos formalmente al Mandatario y al ministro del Interior a que le digan al país, cuanto intervinieron favoreciendo, omitiendo o dejando de cumplir la ley para que ellos -camioneros-, salieran a la calle, a presionar por esa virtual paralización, a objeto de aprobar la Lay Barros», dijo el parlamentario PS.

«De ser así», dijo Castro, «es un hecho grave, donde en aras de alterar el orden público se permite usar a la ciudadanía como rehenes de la causa de los camioneros que en ese momento era la exigencia perentoria de aprobación, tomando en cuenta que el líder de los camioneros en ese momento tenía vínculos con el Gobierno».

A juicio del legislador PS, «esto podría constituir una grave falta y obstrucción a la justicia, en la medida que la máxima autoridad del Ejecutivo le deja el camino pavimentado a quienes quieren provocar una alteración del orden público, omitiendo toda sanción porque querían aprobar una ley».

Finalmente, el diputado Castro sostuvo que «esto es tan grave, como un llamado telefónico para que un parlamentario apruebe una ley por un interés directo en esa materia. Eso es lo que está en juego y a eso emplazamos al Presidente de la República y al Ministro del Interior a que le digan al país la verdad, de una vez por todas, ante esta grave denuncia de intromisión de un poder del Estado directamente en un gremio, solo para favorecer la aprobación de una determinada ley».