La moción fue presentada por los diputados Mulet, Velásquez y Hirsch. Las y los parlamentarios que lo respaldan apuntan que la actual figura del delegado presidencial sólo retrasaría la toma de decisiones. «Está interfiriendo en la voluntad popular», afirmaron.
Los diputados Esteban Velásquez (FRVS), Jaime Mulet (FRVS) y el independiente Tomás Hirsch presentaron un proyecto de reforma constitucional que eliminaría el puesto de la Delegación Presidencial Regional, principalmente a cargo de quienes eran intendentes.
Velásquez, el autor del proyecto, explicó que: “no vamos a construir el Chile descentralizado, inclusivo y diverso por el que todos estamos haciendo esfuerzos, los constituyentes con lo suyo y este parlamento en el pacto de Apruebo Dignidad, manteniendo la figura de un Delegado Presidencial que sin dudas es un resabio del centralismo que queremos dejar atrás”.
También indicó que esto lo hacen para avanzar en los cambios que el país demanda, yendo en la línea de la descentralización, “para que sea el Gobernador Regional, que fue electo por los ciudadanos de las regiones, quien gobierne”.
La moción, según los parlamentarios, busca darle gobernabilidad a la región e impulsar el desarrollo, y esperan tener la recepción y el respaldo de la Cámara, Jaime Mulet, en tanto, dijo que en los pocos días que llevan los gobernadores ya han tenido que afrontar varios problemas, tales como tener que pasar por el delegado regional antes de poder tener una cita o reunión con una seremi.
“Particularmente en este gobierno centralista del presidente Piñera, no hay voluntad de implementar bien una reforma de descentralización”, expresó Mulet.
El parlamentario Hirsch insistió en que el delegado presidencial “hoy en día está interfiriendo en la voluntad popular expresada en la elección de los gobernadores y gobernadoras por parte de la ciudadanía”, por lo que se torna tan necesaria la idea de legislar por la descentralización del país.
Finalmente, Hirsch afirmó que: “creemos que es importante dar la señal desde ya, hoy hacer la reforma constitucional que permita que sean los Gobernadores y Gobernadoras, quienes efectivamente y como representante de la voluntad popular de las regiones, conduzcan su destino y sean los interlocutores con el gobierno central“.
