A través de un comunicado, el Ejecutivo dio a conocer que la iniciativa «busca proteger nuestro orden constitucional y Estado de Derecho».

El gobierno informó este domingo que el presidente Sebastián Piñera presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por el proyecto que permitiría un nuevo retiro de fondos desde las AFP.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado público, en donde aclararon que la iniciativa “busca proteger nuestro orden constitucional y Estado de Derecho”.

El mandatario había advertido que el gobierno acudiría al TC debido a que hay “un grupo de parlamentarios, haciendo un uso abusivo de un resquicio, están pretendiendo escribir una Constitución paralela sin modificar la Constitución vigente”, sin detallar a qué proyecto se refería en particular.

Recordemos que luego de ser aprobado y despachado por la comisión de Constitución del Senado, la iniciativa será discutida el miércoles 25 de noviembre en la Sala de la Cámara Alta.

Por su parte, el miércoles pasado el gobierno presentó al Congreso un proyecto que se relaciona también con un nuevo retiro de los fondos AFP. Esta iniciativa tiene ciertas similitudes con el original que se encuentra en el Congreso, aunque difiere de los montos máximos de retiro.

En el caso de la propuesta entregada por la diputada Jiles (PH), este monto máximo es de $4.300.000, mientras que el del Ejecutivo plantea el retiro tope de $2.900.000.

Lo mismo sucede con los límites de quiénes puede realizar el cobro. En el caso del proyecto de la parlamentaria de oposición, el acceso a este dinero es universal, mientras que lo indicado por el gobierno apunta a beneficiar a quienes tengan rentas inferiores a $2.900.000.

También hay diferencias en los plazos y formas de entrega de este dinero. Mientras que el proyecto original indica que el pago debería realizarse en un máximo de 15 días hábiles una vez ingresada la solicitud y en una cuota, la iniciativa del Ejecutivo considera dos cuotas, de las cuales la primera se pagaría en un plazo de 60 días hábiles y la segunda 10 o 15 días hábiles después.

Finalmente, el proyecto de Jiles plantea que solo hay una reintegración voluntaria del dinero retirado y que contempla una cotización adicional mensual del 5%. Mientras que el proyecto del gobierno indica que esta reintegración debería ser obligatoria, lo cual ha despertado críticas entre los legisladores que denominaron la iniciativa como un “autopréstamo”.