El máximo tribunal confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua que, además, rebajó la caución económica a $200 millones. El abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, recalcó que el fallo “ratifica el hecho que fue constatado, que el señor Hernández Sandoval ha recibido un trato que ha agravado -más allá de lo tolerable- su situación procesal”.
La Corte Suprema confirmó la libertad bajo fianza del dueño de la empresa de transportes Línea Azul, Marcelo Hernández Sandoval, quien es investigado penalmente por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido en San Francisco de Mostazal y que dejó seis personas fallecidas en julio de 2019.
En fallo dividido, el máximo tribunal rechazó la pretensión del Ministerio Público y ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua que acogió un recurso de amparo en favor del imputado, por considerar –entre otros puntos- que su permanencia en cárcel aumenta el riesgo de contagio de Covid-19 pues se encuentra dentro de la población de riesgo por enfermedades previas.
“La excelentísima Corte Suprema ha confirmado la resolución de la Corte de Rancagua que había acogido por unanimidad el recurso de amparo a favor de Marcelo Hernández Sandoval a quien se ha sindicado como gerente de hecho de la empresa de transportes Línea Azul. Es muy relevante el fallo de la Excelentísima Corte Suprema pues ratifica el criterio de aplicación directa de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, el principio precautorio ante el riesgo de contagio por Covid-19 de personas que padecen enfermedades base” dijo al respecto el abogado Juan Carlos Manríquez, enfatizando que con el fallo se “comienza a enderezar el verdadero curso de esta causa y ratifica el hecho que fue constatado que el señor Hernández Sandoval ha recibido un trato que ha agravado más allá de lo tolerable, su situación procesal”.
De esta manera, Hernández Sandoval podrá salir de la cárcel tras pagar una fianza de $200 millones de pesos, monto que fue fijado por el tribunal de alzada de Rancagua tras rebajar a la mitad la cifra establecida por el Juzgado de Garantía de Graneros.