Esta ley, que fue promulgada en el Diario Oficial el lunes recién pasado, establece desincentivos tributarios al desperdicio de alimentos y otros productos, lo que facilitará la entrega de estos bienes a instituciones sin fines de lucro como Red de Alimentos, para beneficiar a los sectores más vulnerables del país. 

Dentro de los cambios que estableció la reforma tributaria, hay uno que tiene una connotación social y medioambiental muy importante. Se trata de una normativa que Red de Alimentos ha estado impulsando por más de 17 años, y que está enfocada en generar incentivos para evitar que productos que están aptos para el uso o consumo, sean desechados y/o destruidos.

Esta nueva legislación tributaria establece que no se aceptará como gasto, y se afectará con un impuesto, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos y bienes procesados o terminados, tales como alimentos, productos de higiene y aseo personal, libros, artículos escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción y remedios, entre otros, que aún se puedan usar y consumir.

Considerando las cifras de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura), que indican que se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, lo que representa el 8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, Red de Alimentos –ONG que este año cumple su 10° aniversario- celebró la noticia, ya que fue impulsora de esta normativa con el objetivo de evitar el desperdicio y, al mismo tiempo, ayudar a cubrir de mejor manera las necesidades básicas de tantas personas en Chile.

Según Carlos Ingham, presidente y fundador de la Red de Alimentos, “es sumamente importante aumentar el rescate, no sólo de alimentos, sino también de cualquier producto que pueda ser utilizado o consumido. En estos 10 años que llevamos operando, hemos logrado perfeccionar nuestros procesos, para que los productos recuperados lleguen a las personas que los necesitan. Es por ello que en 2018 desarrollamos una plataforma tecnológica que nos permite escalar nuestro modelo de rescate y distribución, con total seguridad y trazabilidad de los productos entregados en todo Chile”.

Impulsores en la materia

Red de Alimentos, bajo el liderazgo de Carlos Ingham, comenzó en 2003 a trabajar para lograr que Chile tuviera un marco legal sólido en esta materia. Es así como en 2009, el Servicio de Impuestos Internos (SII) permitió a las empresas la entrega de alimentos no comercializables, a instituciones sin fines de lucro en beneficio de la población vulnerable, eliminando el castigo tributario que existía hasta esa fecha. Luego, en 2016 se logró que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) reconociera la necesidad de evitar que productos aptos para el uso o consumo, se conviertan en residuos. Posteriormente, Red de Alimentos trabajó con el Ministerio de Desarrollo Social, de Hacienda y el SII para que la normativa existente para alimentos se ampliara a otros productos de primera necesidad, como pañales y artículos de higiene personal, lo cual entró en vigencia en el 2018.

“Nuestro objetivo es que ningún producto que pueda ser usado o consumido sea desechado sin antes saber si alguien lo necesita. Por estas razones valoramos el esfuerzo público-privado que acogió nuestra propuesta y agradecemos a nuestras empresas socias y organizaciones sociales beneficiarias que nos permiten llegar a los que más lo necesitan”, concluyó Ingham.

Bajo la premisa de #NadaSobra, Red de Alimentos ha rescatado en los últimos diez años más de 34 millones de kilos de alimentos y productos de primera necesidad, gracias al apoyo de 156 empresas socias. Éstos llegan a 243.000 beneficiarios en situación de vulnerabilidad de diversos rangos etarios, por intermedio de 294 organizaciones sociales entre las regiones de Valparaíso y Biobío.