La jurista Lorena Lorca, con más de 10 años de experiencia en trabajo con población trans, participó el conversatorio organizado por la Defensoría Penal Pública y la Universidad de O’Higgins (UOH)
“Hola mi nombre es Lorraine Salvo, soltera, activista social y hace más de 40 años nací como Javier. Fui militar, seminarista y hoy soy mujer, pues así lo indica mi carnet de identidad”. Así se presentó ante la audiencia y abrió el conversatorio esta mujer Trans que por más de 20 años ha dado la lucha por el reconocimiento y el respeto a la diversidad sexual. En el entendido que solo la educación acortará las brechas culturales y sociales, fue quien junto a la Defensoría de O’Higgins y la UOH organizaron este evento que convocó a actores sociales públicos y privados en torno a este tema y en el marco de la Ley de Identidad de Género que debería entrar en vigencia antes de fin de año.
Una de las principales exponentes fue Lorena Lorca, abogada y académica de la Universidad de Chile quien hace más de diez años representa a personas Trans que han cambiado su identidad registral y para quien la actual ley de identidad de género “será insuficiente, pero es un avance”.
La ley 21.120, de Identidad de Género, reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, señalando en su primer artículo que “El derecho a la identidad de género consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar la rectificación de éstos. Continúa manifestando que “para efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento”
Para ello, según ratificó la Directora Regional del Registro Civil, Paula Middleton, los interesados deben solicitar una audiencia en la que un oficial civil verificará la identidad de la persona ante dos testigos y verificará si ha contraído matrimonio, Posteriormente, levantará un acta para que se inicie el procedimiento de cambio de su documentación.
Situación que no está exenta de barreras “inexplicables” según Lorena Lorca, pues no le parece prudente llamar a testigos para ratificar si el demandante se siente hombre o mujer; por otro lado, le preocupa que la normativa no haya incluido a los tras menores de 14, pues según su presentación, hay riesgo de que aumente el número de suicidios de este grupo etario. Y desde un punto de vista más administrativo, la ley no contempla plazos que obliguen al resto de los servicios a actualizar la información respecto al nuevo nombre registral del solicitante.
En la mesa participaron además la Claudia Alarcón, psicóloga de la Oficina de Género y Equidad de la Universidad de O’Higgins, quien se refirió a la política de equidad de género y diversidad sexual de la Universidad y Pablo Astudillo, sociólogo especialista en género de la Universidad Alberto Hurtado, quien dio cuenta de un estudio sobre simbolismos de género y cómo nuestro lenguaje va formando una cultura discriminadora.
La segunda mesa contó con la participación de los representantes de los organismos públicos vinculados a justica penal. El primer expositor fue el Pdte. de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, quien se refirió a la política de igualdad de género y no discriminación que rige al poder judicial; posteriormente fue el turno de la jefa de la unidad de víctimas de la Fiscalía, Paulina Pérez, quien se refirió a un observatorio de causas penales cuyo motivo pudiera ser la discriminación por su identidad sexual y una mesa en la que participan distintos grupos vinculados a diversidades sexuales. A continuación la palabra la tomó una alumna de la Universidad quien comentó sobre el trabajo de la oficina de diversidad sexual y equidad de género de la UOH para finalmente tomar la palabra la defensora regional, Daniela Báez, quien señaló que para la Defensoría el respeto a la dignidad de cada uno de sus representados es uno de los principales valores institucionales, por tanto, la Defensoría hace tiempo respeta la identidad de género de sus representados, lo que hoy además, se traduce en los sistemas informáticos que han sido adecuados para esta nueva legislación.
