Escribe Roberto Bascuñán W., Gerente General Inmobiliaria Norte Verde.
Durante estos días se está discutiendo el reglamento para la Ley de Aportes al Espacio Público, cuyo objetivo es lograr mitigaciones sobre la base de que todos los proyectos inmobiliarios generan externalidades en su entorno. Los aportes se basarán en la densidad y destino del proyecto y serán entregados a la comuna donde se emplazarán. Si bien es una normativa enfocada en mejorar los espacios públicos, aún no se ha definido cómo ni de qué forma se invertirán estos recursos.
Existe otra nueva norma creada para mejorar las condiciones de las personas: la Ley de Ductos, que obliga a las inmobiliarias a encargarse de todo el cableado para los servicios telecomunicacionales. Esta normativa tiene dos grandes ventajas: por una parte, no habrá contrato de exclusividad con una empresa determinada y, por otra, todo el edificio estará conectado. Sin embargo, esto también aumenta el costo de construcción en forma importante y el costo de mantención de los edificios, que ahora quedarán a cargo de las comunidades y no de las empresas que daban este servicio.
Ambas iniciativas han producido un impacto relevante en los costos de construcción. Si bien el reglamento de aporte al espacio público aún no se ha aprobado, puede llegar a afectar el precio final de un departamento en un 8% del valor de venta. Por otro lado, la nueva ley de ductos, que está en vigencia, está impactando un 2,1%, por lo que sólo producto de estas iniciativas un departamento que hace un par de meses valía UF 2.000 ahora lo encontraremos en 2.200, un 10% más alto.
Ante esta realidad, me parece de suma importancia que al momento de crear una de estas iniciativas se regule correctamente y se evalúe todas las posibles implicancias que tendrán, ya que, aunque el objetivo final es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, tienen un impacto en los precios de las viviendas, que siguen subiendo día a día y no parecen estar ni cerca de estabilizarse con la creatividad de las nuevas leyes.
