La Junta de Vigilancia del río Cachapoal entregó esta semana a la Dirección General de Aguas una denuncia por extracción ilegal de áridos en el río Cachapoal, en zona de influencia.
Desde la reforma del Código de Aguas vigente desde enero de 2019, la Junta de Vigilancia tiene la facultad y la obligación de denunciar extracción de áridos que no cuenten con el informe técnico de la Dirección de Obras Hidraúlicas del MOP.
La empresa denunciada tiene, sin embargo, autorización de la municipalidad de Requínoa para extraer áridos en el río, el otro requisito legal que valida la extracción. Este es el caso de la empresa Maxilucap, denunciada por el juez de río de la organización, que no cuenta con el proyecto técnico de explotación aprobado por la DOH.
“La junta de vigilancia no se opone a que se extraiga áridos del río Cachapoal. Lo que busca con estas extracciones es que no se produzcan daños a las bocatomas, o dificultades para que estas puedas extraer las aguas a las que tiene derechos desde el río y que, en la medida de lo posible, la extracción colabore en la mantención del cauce y no en su deterioro”, explicó Robert Hilliard, juez de río de la organización.
La organización, en su recorrido habitual por el río, detectó movimientos de tierra irregulares en la ribera sur del Cachapoal entre Sauzal y Río Claro (Requínoa) por maquinaria y personal, identificada después como la empresa Maxilucap, domiciliada en Los Lirios.
Es la primera vez que funciona esta nueva institucionalidad que entrega a las Juntas de Vigilancia de los ríos la atribución de fiscalizar y denunciar infracciones a la legislación vigente en esta polémica actividad. En julio de 2018, la Junta presentó un informe cuya investigación daba cuenta de 12 empresas que no cumplían con la normativa de extracción vigente.
