Gracias a labor de su defensora, una mujer de 65 años evitó una condena de 541 días de cárcel.
Era la tarde del 8 de diciembre de 2017. Tras una pelea con su marido, Margarita – una mujer de 65 años – se acercó al fuerte torrente del Río Cachapoal con intenciones suicidas.
Un ciclista que observó la escena dio aviso a Carabineros quienes lograron evitar la muerte, no obstante, una vez que la rescataron, la mujer fue llevada a la comisaría para que denunciara los supuestos malos tratos de su marido, mientras, una funcionaria revisó sus vestimentas y halló una pequeña cantidad de marihuana.
De nada sirvió que Margarita les contará que la usaba como tratamiento terapéutico para aminorar sus dolencias por la artritis y la artrosis. La mujer fue detenida y llevada al tribunal para su formalización por el delito de tráfico en pequeñas cantidades.
Pasaron algunos meses y en el Tribunal de Garantía de Rancagua se realizó la audiencia de preparación del juicio oral, instancia donde se anuncian o discuten las pruebas que serán ofrecidas al tribunal competente que juzgará la conducta de los imputados.
Para la Defensora, Romina Jorquera, era primordial incluir la prueba testimonial, documental y pericial para demostrar que Margarita consumía marihuana regularmente con efectos terapéuticos y para ello se basaría – principalmente en el testimonio del marido de la mujer y en la pericia sicológica del profesional Jorge Rubio Espíndola, quienes daban cuenta de la compleja salud de Margarita y cómo aliviaba los dolores con el consumo de cannabis.
Pese a ello, en el acta de audiencia no quedó en manifiesto la presentación de esta prueba, por tanto, no le permitieron a la defensora exhibirla ante los jueces orales, impidiendo – según la abogada – el legítimo derecho a defensa de Margarita. Es más, la mujer fue condenada a 541 días de presidio efectivo.
“La defensora informó de inmediato a la Defensoría Penal Pública y en conjunto con sus colegas defensores y la Unidad de Estudios regional, elaboraron un recurso de nulidad que fue presentado ante la Corte Suprema y en el que se argumenta que en este caso se han vulnerado las garantías constitucionales, los Derechos Humanaos y las normas del Código Procesal Penal, al no permitir presentar los testimonios y la prueba pericial en que se basaba la defensa de Margarita.
Este jueves el máximo tribunal da a conocer su decisión, señalando que “se acoge el recurso de nulidad deducido por la defensa de la acusada, por lo que se anula la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, como también el juicio oral que le antecedió en el proceso”.
Según el documento, deberá llevarse a cabo una nueva audiencia de preparación del juicio oral en la que se considere la prueba que le había sido aceptada a la defensa.
