Diputada Joanna Pérez busca “frenar el negativo impacto de muchas forestales en comunidades indígenas”.
Como una manera de asegurar “la protección de los derechos de las etnias originarias cuando se desarrolle un proyecto forestal o maderero”, la diputada DC Joanna Pérez presentó un proyecto de ley que incluye a la actividad forestal como las obligadas a gestionar un permiso ambiental, de tal forma que se pueda revisar el impacto que ellas provocan.
El proyecto será ingresado mañana por la diputada DC Joanna Pérez, junto a varios diputados de su bancada y a la diputada del PS Emilia Nuyado.
Sobre la iniciativa, la parlamentaria DC explicó que “sabemos la difícil situación de convivencia entre las comunidades indígenas mapuche y las empresas forestales y madereras, debida especialmente a las demandas sobre usurpación de tierras que pertenecieron ancestralmente a las etnias locales, lo que se ve agravado cuando dichos proyectos afectan actividades productivas que son consideradas sagradas por los residentes de cada sector”.
Agregó que “por eso, este proyecto modifica la actual legislación para asegurar la capacidad de los organismos públicos en orden a evitar situaciones conflictivas, remediando los vacíos que produce el actual ordenamiento legal para asegurar la protección de los derechos de las etnias originarias. Si bien hay problemas entre la forma de vida de los pueblos originarios y algunas actividades productivas, es un hecho que estos roces se dan de modo especial con las forestales y madereras”.
Si bien la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente precisa que los proyectos de desarrollo o explotación forestal deberán someterse a estudios de impacto ambiental, se incluyen una serie de requisitos en cuanto a la superficie de los terrenos, lo que a juicio de la diputada “permite burlar el espíritu de la legislación“. Sobre esto, explicó que “es evidente que estas exigencias pueden burlarse para eludir la obligación de someterse a los estudios de impacto ambiental por lo que es mejor eliminar las distinciones en base a la superficie de los predios“.
La diputada DC agregó que “creemos que debe considerarse el efecto sobre los sitios sagrados como un parte del impacto ambiental y agregar todo tipo de plantaciones forestales a los casos protegidos por la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente , de la cual emana el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
Finalmente, explicó que “también incluimos que se debe informar en todos los casos de este tipo de proyectos a la cooperación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y al Consejo de Monumentos Nacionales”.
