Escribe María José Becerra, Directora Escuela Economía y Administración, Universidad Central.
Parece interesante la apertura de la industria de las pensiones a las cooperativas en lo que respecta a la administración del nuevo 4% adicional de cotizaciones propuesto en el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones planteado por el Gobierno y de actual discusión parlamentaria.
Se ha puesto en tela de juicio al actual modelo de Administradoras de Fondos de Pensiones en lo que respecta a la incorporación de los afiliados en la toma de decisiones y en sus gobernanzas; propuesta que fue planteada como necesaria en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero que no alcanzó a ser discutida en el Congreso. Las cooperativas son una potencial solución a este problema, puesto que por ley incorporan la democracia en la toma de decisiones estratégicas de las empresas. De concretarse el ingreso de las cooperativas a la intermediación de pensiones, los cotizantes, además de informarse, podrían decidir en qué se invierten sus ahorros, en Chile o en el extranjero.
Por la Ley de Cooperativas, estas empresas deben redistribuir sus excedentes entre sus socios. Esto último, aseguraría el aumento de las pensiones de sus socios afiliados. En otras palabras, si en 2017 la utilidad promedio de las AFP´s fue de un 12%, es justo que la sociedad debata cómo se aumentan las pensiones de aquel 80% de adultos mayores que recibe una jubilación por debajo del salario mínimo y, por tanto, respecto de la inclusión de este tipo de empresa en la administración del 4% de las cotizaciones, o quizás del total.
